Una de las primeras sentencias del Tribunal Supremo tras su letargo veraniego del 2008, fue para favorecer los deseos de la Iglesia Católica. En un decreto hecho público el 30 de Septiembre de ese año, y al amparo de un gobierno supuestamente socialista, se da la razón al clero para que sus ficheros –que califica de “privados”-no estén sujetos a la Ley de protección de datos. Esto echa por tierra la demanda de cientos de personas que un día quisieron borrarse del registro de la Iglesia declarándose apóstatas y se les negó esta posibilidad, por lo que un grupo de ellos decidió reclamar a los tribunales su derecho a ser “borrados” de los registros católicos basándose en la Ley de Protección de Datos, pero el Tribunal supremo no les ha dado esa razón que otorga al clero. Tal ley acarrea dos graves consecuencias: la apostasía no es oficialmente reconocida y así la Iglesia puede negarse a aceptar la voluntad de sus miembros rebeldes para abandonarla, actuando como lo hacen otras sectas que ella misma- y los tribunales- califican de “sectas peligrosas”.
La sentencia fue extraordinariamente desafortunada, está vigente y viene a confirmarnos una vez más lo que venimos viendo a lo largo de toda la historia de nuestro país: el fácil maridaje entre el poder religioso y el gobierno de turno antes y después de la Desamortización de Mendizábal, por cuyo atrevimiento seguimos compensando económicamente a la Iglesia, instalada como una garrapata en las arcas públicas.
Foto: ejecutivoagresivo
Aquella rebelión laica de Mendizábal la estamos pagando bien cara, pues viven de nosotros, mejor que nunca, cardenales, obispos curas y sus catequistas insertados en los colegios.
A medida que se suceden los gobiernos, se comprueba que resulta imposible renovar o anular- que sería lo justo y deseable- el famoso Concordato de 1979 hecho en circunstancias extraordinariamente ventajosas para la Iglesia. Aun así, ¿creerá usted, amigo lector, que tienen bastante con lo que se les otorga? Espero que no, pues no contentos sus obispos y cardenales con su más que ventajosa situación económica, social, política, etc. siguen reclamando derechos y más derechos que les concede fácilmente cada Gobierno de la Nación, da igual qué apellido se ponga, como el derecho a adjudicarse bienes comunales levantando acta notarial propia (otra insólita anomalía jurídica), el de no pagar impuestos por sus propiedades ni recaudaciones, etc. ¿Deberían darse por más que satisfechos los prelados? Uno piensa que debería bastarles, pero no; pues a pesar de todos esos privilegios exclusivos los señores de la curia, sus curas y sus seguidores se manifiestan con sus pancartas – como sucedió con el gobierno anterior- cuando no están de acuerdo con según qué leyes estatales, algo insólito en el Planeta bajo cualquier régimen.
La última de estas batallas , ganada finalmente en 2013, es contra la Ley de Educación para la Ciudadanía, cuyo objetivo es educar a los jóvenes en valores y mostrarles normas de conducta para una convivencia pacífica y respetuosa que tanta falta nos hace a todos menos al clero, que se aferra al adoctrinamiento forzoso de los jóvenes en los colegios al ver que los templos se vacían.
De modo que la Iglesia que no es demócrata, que no es pacifista, que no es tan siquiera ecologista, que nos tiene hartos de curas pederastas, y que se opone a las leyes elaboradas por el Parlamento español cuando les molestan, goza finalmente siempre del favor del gobierno, se cuela en los colegios y es protegida por los tribunales. (Ay, esta España rancia con olor a cera y sacristía que nos recuerdan Machado y Unamuno siempre actuales).
Dentro de esa línea de no contradecir a los prelados se halla el negarnos a ser borrados de sus listas de bautizados, que fueron hechas sin consentimiento del interesado (a un bebé no se le pregunta si quiere ser católico). ¿Por qué esa negativa a tachar nuestros nombres de sus registros? Pues tiene una muy interesante explicación: sirven para justificar que España sigue siendo católica, (¿con cuántos católicos menos por año?), y por ello debe estar exenta de impuestos y cada español debe mantener o favorecer sus dos mil doscientas y pico parroquias, sus iglesias, catedrales y palacios, sus viviendas, propiedades agrarias y otros bienes.
En razón del volumen de las listas de bautizados, sus excelencias y párrocos tienen que recibir beneficios y poder en proporción al número de sus feligreses, que en toda España son cada vez menos, y de qué modo. Con esta ley, los muertos también deben contar, no por nada, por hacer bulto. ¿Quién les va a mirar los libros?…
“Apóstata” viene del verbo apostatar, que significa: “abandonar expresamente ciertas creencias, particularmente, el catolicismo o el cristianismo” (Diccionario Maria Moliner).
Pues bien, dejando a un lado que no es lo mismo cristianismo que catolicismo, y ya que la Iglesia no me permite borrarme de sus listas y los jueces tampoco defienden mi derecho legítimo a renunciar libremente a esta secta que me quiere inscrito como católico para justificarse, declaro ante la opinión pública: soy apóstata en uso de mi libertad para decidir cuál debe ser mi relación con Dios. Y lo soy, porque esta Iglesia que se dice cristiana actúa a diario contra los principios cristianos del Sermón de la Montaña (libertad, igualdad, fraternidad, unidad y justicia) ya desde su misma fundación, pues Jesús ni fue sacerdote ni fundó Iglesia alguna. Por ello elegí a Cristo aunque no me borren de sus listas quienes usurpan Su nombre e imponen sus reglas. A mí debe bastarme con tener en regla mi conciencia. ¿La tendrán los fariseos? Allá ellos. Y si alguno de sus jefes leyera –algo inimaginable- este escrito, se apresuraría a inscribirme en otro de sus libros favoritos: el de los herejes. Allí estarán también los nombres de los bogomilos, cátaros, víctimas de la Inquisición y otros seguidores del Nazareno perseguidos por la Institución católica ¿por ser delincuentes? No; por ser cristianos. Por tanto, ¿qué cosa son sus perseguidores? …
