Reforma necesaria para unos y mercantilización del conocimiento para otros, el Plan Bolonia divide a políticos, estudiantes y docentes.
“Ni Ley Orgánica de Universidades, ni Bolonia, ni precariedad, fuera las empresas de la Universidad”. Estas son algunas de las consignas que proclaman grupos de estudiantes en universidades españolas. Los encierros y las protestas se suceden en los últimos seis meses en el rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Valencia, ocupados a día de hoy. Se manifiestan en contra de la directiva del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), su puesta en marcha y las sanciones impuestas a estudiantes en algunos centros.
Los ministros de Educación de 29 países se reunieron hace 10 años en Bolonia, que da nombre a la reforma de homologación de estudios universitarios en Europa. Ese número se ha ampliado en sucesivos años. Los países han firmado una declaración en la que se comprometían a realizar reformas en las universidades europeas para hacerlas más competitivas, eficaces y eficientes.
Antes del año 2010, la Unión Europea pondría en marcha un sistema de créditos homologables sustentados en una enseñanza de dos ciclos: el grado y el máster. Con el primero finalizado, los estudiantes accederán al mercado laboral favoreciendo la movilidad geográfica, los criterios de calidad y las metodologías comparables.
La universidad española necesita una importante reforma que la saque de su letargo, de sus burocratizadas fórmulas de acceso a puestos docentes e investigadores, de la pérdida de peso con respecto a otras instituciones de la sociedad, según expertos en educación superior. El Plan Bolonia parecía un buen gancho para homologar créditos, títulos y fomentar la movilidad entre universidades y acometer una importante transformación de este espacio de transmisión de conocimiento desde un punto de vista crítico.
La reestructuración emprendida bajo el paraguas de Bolonia ha puesto a sectores estudiantiles y a no pocos profesores en pie de guerra. Los críticos argumentan que las nuevas universidades van a formar perfiles que interesen únicamente a las coyunturas de mercado, a modo de meras fábricas de titulados en interés de las empresas. No se precisará un buen nivel de cualificación, sino unos conocimientos concretos y polivalentes para su encaje práctico.
“Cuando respondan a las necesidades del mercado van a tener sitio, mientras desaparecerá o quedará como adorno de lujo aquello que no tenga una directa ubicación en aquel”, afirma Isidoro Moreno, catedrático de Antropología Social de la Universidad de Sevilla.
Los rectores de las universidades españolas han dejado clara su postura en este debate. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) apoya el Plan Bolonia, que se basa en los principios de movilidad estudiantil y profesional, la estructuración de los estudios universitarios en tres niveles -grado, máster y doctorado- y que valora el esfuerzo real del estudiante para superar las distintas materias.
“Estoy totalmente en contra de la mercantilización de la Universidad. Y si hacemos las cosas bien no tiene por qué producirse de ninguna manera. Lo que sí debe haber es transferencia del conocimiento, que no tiene que quedarse en la universidad, sino transformarse en bienestar. A mí esto no me parece mercantilización, sino responsabilidad social. Llegados a este punto, hacen bien los que previenen sobre los riesgos de este proceso”, manifestaba Ángel Gabilondo, rector de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y presidente de CRUE. Aunque este órgano advierte a las administraciones de que no puede tener “coste cero”.
En lo que parece que se ponen de acuerdo estos y aquellos es en la escasa discusión y debate planteados en el seno de los propios centros educativos, por eso las movilizaciones se intuyen tardías cuándo el Plan Bolonia está a un año de su prevista implantación integral.
David Álvarez Rivas
Director de SOLIDARIOS y Profesor de la UCM.
