La ministra I+D+i. Cristina Garmendia.

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Resumen: La Investigación y la innovación, aportan competitividad a la economía, pero francamente no veo qué aportación económica pueda ofrecernos en Aragón un Centro de investigación dedicado al cambio climático.
La investigación es una inversión humana y de capital que asume muchos riesgos, no se puede basar la política del Ministerio de Ciencia e Innovación, únicamente en la «esperanza» de que los Centros de investigación del Ministerio y la universidad solucionen la falta de productividad de la economía.

Ni que duda cabe que una de las claves para el desarrollo del país es apostar por la Investigación el Desarrollo y la innovación, lo que solemos conocer como el I+D+i. Esto forma parte de las políticas de oferta que los economistas liberales creemos necesarias para, «elevar el ritmo de crecimiento económico y aumentar la competitividad de la economía española». De hecho, yo creo que ningún economista liberal se atrevería a llevar la contraria a la ministra Garmendia sobre la necesidad de incrementar la inversión en I+D+i, mucho mejor esta inversión, que aquella dedicada al ladrillo, como quería hacer nuestro presidente Rodríguez Zapatero. Y es que, España necesitaba desde hace mucho tiempo forzar una corrección en el modelo económico de crecimiento, no se podía seguir apostando por la economía especulativa en la construcción para garantizar el crecimiento y el empleo. Era necesario asegurar cambios tecnológicos que permitieran incorporar a nuestras empresas en la economía globalizada, con su cada vez mayor grado de competencia mundial. Sin Investigación e innovación, no se puede mejorar la productividad, y por ende, la competitividad de la economía, pues sólo quedaría como única solución alternativa para ser competitivos, reducir los costes, y ello incluye los costes laborales, lo que significa necesariamente, una pérdida de poder adquisitivo para el trabajador, y mayor precariedad en el empleo. Sin I+D+i, esta tarea de ser competitivos a nivel mundial es misión imposible para cualquier país, pues esto es lo único que garantiza un futuro con prosperidad y seguir en la estela de los países más desarrollados.

Ahora bien, desde mi punto de vista existe un exceso de entusiasmo por parte de la ministra de Ciencia e Innovación. A pesar que la ministra parece ser muy voluntariosa, colocar a España como referente mundial de la investigación es una tarea bastante más compleja, que el simplemente empezar a crear Centros o Institutos de investigación en los distintos puntos de la geografía española. La basta experiencia de la ministra en el sector de la investigación biomédica, y en el mundo empresarial, no es suficiente, porque la situación trasciende más allá de las decisiones políticas del dónde, cómo y quién va a llevar a término la gestión del conocimiento, de todos aquellos sectores por los que la ministra ha decidido apostar: biotecnología, nanotecnología, tecnologías de la comunicación, energías renovables y cambio climático. Los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología, harían bien en razonar que aquellos criterios como: la eficiencia, los beneficios, o la minimización de los costes, no suelen acompañar a las empresas públicas; igualmente harían bien en considerar que para la economía también es importante, evitar cualquier exceso en el déficit público, a pesar de lo que dice nuestra ministra de que «el déficit público no nos tiene que dar miedo». No se trata de miedos, pero sí de hablar de la responsabilidad del Gobierno, y de preocupación por parte de las familias. La historia económica está plagada de desastres económicos a causa del crecimiento del gasto público y los déficit fiscales, y esto debido a que el déficit público genera mayor endeudamiento, y una creciente necesidad de financiar los déficit a través de impuestos, que más temprano que tarde repercuten sobre las familias. Piensen sino en la crisis española del 93, analícenla, comprueben las cifras del déficit, del endeudamiento público, y me darán la razón cuando vean las consecuencias sobre el empleo, y la recesión económica. Y es que, una economía no está para experimentos, mucho menos cuando el país está próximo a una recesión. El Gobierno haría bien en no apoyarse excesivamente en el sector público para solucionar la crisis, ni hacer que el Estado vaya asumiendo cada vez mayores roles económicos que no le competen, y sí a la empresa privada.

Asimismo, aún suponiendo que estos centros públicos de la investigación pueden ser interesantes, no lo dudo, para algún tipo de investigación base, o para aquella dedicada a desarrollar bienes o servicios de utilidad pública, estos suelen carecer de objetivos puramente económicos, y por regla general suelen ser poco o nada rentables, y aportar eso sí, muy poco, al desarrollo de la economía. Resumiendo, que dentro de los objetivos de las empresas de promoción pública, no suele estar bien considerado el principio económico de la «maximización de sus beneficios». Con ello no quiero decir, que no me parezca importante que exista investigación biomédica de enfermedades y otros patologías raras, probablemente sea el coste social más aceptado por todos que haya que asumir, pero, también hay que decir que la investigación es una inversión humana y de capital donde se asume muchos riesgos, y francamente no veo qué aportación económica pueda ofrecernos un Centro de investigación, como el dedicado al cambio climático, al menos yo no lo veo, si lo que se pretende es competir con éxito a nivel mundial, que es lo que nos quiere vender la voluntariosa ministra Cristina Garmendia.

La rentabilidad de toda investigación científica también es importante. Lamentablemente, por todos es sabido, que la gestión pública de un Centro de investigación no suele, por regla general, ofrecer beneficios económicos brillantes, como tampoco los ofrece la universidad (aquella por la que quiere apostar la ministra para mejorar la investigación), aunque ambos puedan ofrecer beneficios sociales. Trasladar el conocimiento de la investigación académica al ámbito empresarial, quizás sea posible obviando criterios empresariales, y subsidiando la investigación universitaria; pero creo sinceramente que este no es el camino a seguir, debido a que el coste puede ser lo suficientemente elevado en comparación con el éxito que se pueda cosechar. No se puede basar la política del Ministerio de Ciencia e Innovación, únicamente en la «esperanza» de que los Centros de investigación del Ministerio funcionen, ni en que el personal docente e investigador universitario de la universidad pública, sigan la línea trazada por dicho Ministerio, dejando a un lado otras investigaciones académicas, o la propia docencia. Además, el modelo de investigación propuesto no siempre se pueda extrapolar a todos los campos de la ciencia. La experiencia positiva que la ministra puede haber experimentado con la investigación biomédica, no siempre es posible, al menos no, en el campo de las Ciencias Sociales, o en el de las Humanidades. Además, debe existir un interés explícito por parte de la empresa para que pueda llegar a ser útil, y aprovechar las sinergias que se generen. En el camino se corre el riesgo de no generar valor añadido ni riqueza, y si despilfarro y clientelismo político. Por esta razón, y no por otra, si lo que realmente se busca es tener garantías de éxito, ninguna política económica de oferta como la que plantea el Ministerio de Ciencia e Innovación, debería apoyarse en exceso en el sector público. La verdadera innovación tiene forzosamente que provenir del propio mercado, y a través de las propias empresas que están inspiradas en éste.

A la universidad pública no se le puede pedir responsabilidades, ni mucho menos a sus docentes amparándose en el otorgamiento de plena autonomía, pues la universidad no responde como una empresa privada, por más buena voluntad de trabajo de sus investigadores docentes. La universidad no está para resolver el problema de una crisis que no ha creado, sí está para aportar los mejores conocimientos a sus alumnos, y para desarrollar la investigación «académica». Además, la universidad, como en cualquier entidad pública, se rige bajo un modelo de organización jerarquizado donde priman otros intereses, aquí ya sabemos quiénes se llevarían el gato al agua, a quiénes se les exigirá hacer el trabajo, y quiénes se beneficiarían del mismo.

Desde el punto de vista económico la solución es muy simple, en vez de pensar en hacer tantas reformas para «modernizar la universidad», hay que pensar en la participación real de los investigadores docentes de la universidad en las empresas, animándoles económicamente, o mediante excedencias voluntarias, o cualquier otra fórmula que permita incorporar a los investigadores docentes a los proyectos de la empresa; y a las empresas, ofreciéndoles exenciones fiscales para que contraten sus proyectos con grupos de investigación de la universidad y/o, para contratar parte del personal universitario para trabajar en sus proyectos de I+D+i. Muchos profesores de la universidad han llegado por vocación docente, otros tienen más interés por algún tipo de investigación, y algunos no les importaría en absoluto trabajar conjuntamente con la empresa privada, siempre que hubiera compensaciones, o bien con los Centros de Investigación públicos que piensa crear el Ministerio de Ciencia y tecnología. Por ello, Sra. Ministra, contrátenlos, incentívelos, y luego pídales responsabilidades a ellos, no a la universidad. Aunque no esperen conseguir investigadores de elite y resultados por poco más de 1.800 euros al mes, que es el sueldo medio de los profesores.

Aragón:
Marcelino Iglesias ha sido utilizado como el «comodín» del particular juego de naipes de la ministra Cristina Garmendia, la cual ha apostado por cambiar el motor del desarrollo económico hacia los sectores estratégicos de la investigación y donde el patito feo de su apuesta, no es ni más ni menos, que el proyecto del «cambio climático». Sabe bien la ministra a quién se lo endosa. Aragón podía haber recibido algún otro proyecto de mayor envergadura, como el de energías renovables, el de tecnologías de la comunicación, o el de la biotecnología, que aportan gran valor añadido a la economía, y donde Aragón dispone además, de grandes ventajas y también de buenos equipos de investigación, pero no, no va a ser así. Aragón se quedará con el proyecto menos ambicioso y el menos rentable, y encima con el coste añadido de tener que ceder uno de los pabellones EXPO más emblemáticos, el de España. Estimado presidente de Aragón, se la han colado. Pero, era de esperar, y ahora sólo queda incorporar el miedo al «cambio climático» a la ideología del «buenismo socialista».

Gunther Zevallos

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