España abre las puertas a la Recesión

Resumen:

Siempre que se realicen reformas económicas para mejorar la capacidad productiva del país, abandonando las políticas intervencionistas de demanda, y si el escenario macroeconómico mundial es favorable, la crisis económica española podría durar de dos a tres años. El Gobierno, busca culpables de la crisis en la política económica estadounidense, y en aquellos «antipatriotas», que osan hablar de los problemas de la economía española.

La crisis económica española podría durar de dos a tres años, siempre que se realicen reformas para activar la capacidad productiva del país y el escenario macroeconómico mundial no empeore. Hay que decir, sin embargo, que el origen de la crisis económica no proviene exclusivamente del exterior como consecuencia de la elevación de los precios del petróleo y las materias primas, y menos aún, se puede trasladar toda la responsabilidad de la crisis a las hipotecas subprime y al sector financiero estadounidense. La crisis, tampoco puede estar causada por la pasada política de expansión de la liquidez emprendida por el BCE, ni su posterior restricción monetaria y elevación de los tipos de interés, después de que éstos descendieran a niveles nunca antes vistos; como tampoco se puede culpabilizar de la situación a los analistas económicos, por revelar la situación económica actual, y originar, según algunos representantes del Gobierno y algunos keynesianos acérrimos, una crisis de confianza de los consumidores y empresarios.

La crisis que amenaza convertirse en recesión es una crisis anunciada, a consecuencia de la mala planificación de la política económica, y la desafortunada actuación en materia de política fiscal e impositiva, que se ha dedicado a alentar la demanda interna de la economía, aún a costa de empeorar las cifras de nuestra balanza comercial. Esta es la segunda vez que un Gobierno socialista (la primera fue con el Gobierno de Felipe González en 1993), es incapaz de equilibrar las cifras de la balanza comercial, y por cuenta corriente; y probablemente, también sea la segunda vez que la economía entraría en recesión técnicamente de cumplirse todas las previsiones, siempre que no estemos ya en recesión, cuestión que se conocerá sólo cuando se revisen la cifras provisionales de la contabilidad Nacional del trimestre pasado y las del presente trimestre.

Las variables externas que hoy más afectan a la economía española son: la elevación de los precios del petróleo y materias primas, que ha terminado por perturbar la oferta global de la economía (shock de oferta), y, la crisis crediticia y financiera, que ha endurecido las posibilidades de la economía de conseguir liquidez. Sin embargo, la crisis económica española tiene sus propios fundamentos internos, es allí donde se extienden sus raíces más profundas, haciendo más vulnerable a nuestra economía y más allá de los factores anteriormente citados. Si hay que analizar cuáles son las razones de fondo, por las que la economía española está atravesando la actual crisis, y el modo tan precipitado de cómo estamos entrando de lleno en la recesión económica, tendríamos que citar los siguientes motivos: la baja productividad de la economía; el elevado endeudamiento externo, originado en las crecientes necesidades de financiación de nuestra economía por el crecimiento de la demanda; el comportamiento especulativo de su sector inmobiliario y bancario, amparado en una legislación que favorece el elevado endeudamiento familiar; y finalmente, en la excesiva dependencia energética del petróleo en comparación con otras economías del entorno.

En lo que respecta a las necesidades de financiación España lo tiene muy difícil para conseguir liquidez del exterior, y todo ello, debido a que el dinero al que se recurría endémicamente para financiar nuestra economía, ha descendido bruscamente al disminuir la liquidez mundial. Hoy los bancos nacionales y extranjeros ya no se prestan dinero entre sí, pues este es escaso. Sus crecientes necesidades de liquidez no pueden ser cubiertas y sólo les queda frenar el otorgamiento de créditos a sus clientes, lo que podría terminar finalmente en el ahogamiento financiero de las empresas, por la falta del dinero necesario para su normal desarrollo. Los Bancos Centrales de Europa, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Canadá, y Suiza, se han visto obligados a inyectar grandes cantidades de dinero a sus economías a través de sus sectores financieros, para evitar el colapso, pero estas necesidades de liquidez no parecen tener límites a nivel mundial. Con este panorama económico, España además tiene que competir con otros países por la liquidez internacional, y no le resulta nada fácil. El grado de credibilidad de la economía española en el exterior está bajo mínimos, debido al agotamiento de su modelo de crecimiento y sus problemas estructurales relativos a la baja productividad y competitividad. Así las cosas, para conseguir crédito procedente del exterior, el Estado español tiene obligatoriamente que pagar más intereses que sus países vecinos por sus bonos. En este escenario, la prima de «riesgo-país» del bono español, hoy se sitúa en su nivel más alto desde que ingresó en el euro; es decir, que para conseguir el mismo crédito que nuestros vecinos, tenemos que comprometernos a devolver más en forma de intereses.

Pero, ¿cuál es el motivo por el que España se ha convertido aparentemente en un país menos solvente?. La explicación es muy sencilla, la economía española ha colocado todos los huevos en la misma cesta: el sector inmobiliario. Dedicándose a la economía especulativa, en vez de primar la economía productiva. Y por esta razón, su economía está más expuesta que otras economías a la crisis del crédito. A la economía española le ha sucedido algo muy similar a lo ocurrido a la economía estadounidense, cuando finalmente la burbuja inmobiliaria que fue creciendo durante los años de expansión económica estalló; con el agravante de que en España la restricción del crédito internacional ha terminado por hundir definitivamente al sector, y por extensión, a toda la economía española, que utilizó el exceso de liquidez mundial para financiar su modelo de crecimiento. El origen del problema está en la política económica del Gobierno actual, que apostó por el crecimiento especulativo del sector inmobiliario y de la construcción. No obstante, tanto los gobiernos del PP como del PSOE debieron haber legislado para poner límites y restricciones al crédito fácil, con el fin de impedir la especulación, y no lo hicieron. No se trataba de poner barreras al mercado inmobiliario y financiero, pero sí de regularlo para evitar la crisis que actualmente estamos viviendo. Además, no se ha sido lo suficientemente prudente, como para cambiar de modelo de crecimiento en su momento. Que el presidente Rodríguez Zapatero, y sus ministros, digan ahora que ningún experto sabía lo que podía ocurrir, es una de las mayores falacias del Gobierno actual. Ninguna de las sugerencias de los muchos de los economistas, a los que ahora llaman «antipatriotas», que advertían de los riesgos para la economía fueron tenidas en cuenta.

Apoyar los pilares del crecimiento en la construcción y no en las necesidades reales de la economía, no ha sido el único error. Habría que comprender, de una vez y para siempre, las graves consecuencias que para la economía puede tener la aplicación de políticas fiscales expansivas de incrementos del gasto de consumo público, así como el que la economía se apoye excesivamente en el sector público. Lo que hay que hacer es animar a las empresas a competir incentivando su productividad, a través del desarrollo tecnológico, la innovación y, fundamentalmente, la educación y la formación de nuestros recursos humanos, pero, al mismo tiempo, hay que regular los excesos del mercado, entre otros el financiero. Además, hay que animar el ahorro interno y no penalizarlo, para dar cobertura real a las necesidades de liquidez en vez de recurrir al endeudamiento externo. Para el liberalismo moderno y reformista, los mercados sólo son libres en la medida que contribuyan al crecimiento productivo y no al especulativo, y en la medida que repartan mejor sus beneficios sobre toda la economía, y no sólo sobre unas pocas empresas o sectores privilegiados.