Cuando cerca de mil millones de personas carecen de agua potable y la mitad de la población mundial vive sin saneamiento básico, el agua debe considerarse un derecho y no una mercancía.
En sus funciones básicas de supervivencia, el agua tiene valores esenciales que deben ser garantizados a todas las personas y comunidades, incluyendo las generaciones futuras. En consecuencia, los derechos derivados de estas funciones deben entrar de lleno en el rango de los derechos humanos, asignándoles un nivel de prioridad máximo para garantizarlos bajo la responsabilidad de gobiernos e instituciones internacionales.
Según la Declaración Europea por una Nueva Cultura del Agua, “la escasez de agua es presentada a menudo como el problema más grave del siglo XXI. Sin embargo, el problema no es tanto de escasez en términos de cantidad como de calidad. Asistimos a las trágicas consecuencias de una de las crisis ecológicas más graves jamás conocidas por el ser humano: la crisis ecológica de los ecosistemas acuáticos continentales”.
En el año 2000, 188 jefes de Estado y Gobierno, incluido el español, se comprometieron a reducir a la mitad en quince años el porcentaje de personas sin acceso sostenido al agua potable y a saneamiento, como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por la ONU para 2015. A seis años de que expire este plazo, el cumplimiento está lejos. Cerca de mil millones de seres humanos carecen de agua potable y casi la mitad de la población del mundo vive sin saneamiento básico.
Los programas de desarrollo y acciones de sensibilización y movilización de Ingeniería Sin Fronteras están orientados a la consideración del agua como un derecho y no como una mercancía, así como a defender su gestión con vocación de servicio público. Pero la experiencia nos ha mostrado que el reconocimiento formal del derecho al agua en el marco legislativo nacional e internacional no es suficiente; es preciso aplicarlo de forma efectiva, es decir, hacerlo realidad.
El último Foro Mundial del Agua contaba desde su inicio con una limitación importante para lograr su objetivo de “tender puentes sobre las diferencias” que existen a la hora de abordar este derecho. El foro estaba organizado por el Consejo Mundial del Agua, una entidad privada denunciada por el importante papel que desempeñan en ella las empresas que consideran el agua como una mercancía más en el mercado mundial.
Un foro de este tipo sólo puede estar legitimado si en su organización participan de forma efectiva y en condición de igualdad todos los actores sociales implicados, comenzando por las organizaciones públicas y en el ámbito de la ONU.
El reconocimiento del derecho humano al agua tiene consecuencias políticas y económicas que algunos países y numerosas empresas no están dispuestos a asumir. Para algunos Gobiernos de los países del Sur, la consideración del agua como derecho humano les supone un alto coste en construcción y sostenimiento de infraestructuras y servicios adecuados, por lo que necesitan la implicación de los Gobiernos de los países del Norte, y algunos de estos últimos se niegan a asumir ese compromiso.
Pero el obstáculo más difícil de salvar es la concepción mercantilista que para muchas empresas constituye el agua. El debate va más allá de la gestión pública o privada de este recurso, ya que en ambos casos puede haber objetivos de obtención de beneficios. La clave es que el agua como derecho humano predomine sobre su consideración como negocio para que se convierta efectivamente en universal.
Xosé Ramil
Coordinador del Área de Comunicación de Ingeniería Sin Fronteras-ApD
