Ayer supimos de un nuevo caso de represión y lesión de los derechos constitucionales por parte de la Generalidad de Cataluña.Un ciudadano español de Cataluña tiene un pequeño negocio familiar inmobiliario. Todos sus carteles, contratos, publicidad, etc., están en castellano. La Constitución Española le ampara en el uso de la lengua oficial del estado al que tiene derecho en todo el territorio nacional.
Un vecino suyo le denunció de forma anónima a las oficina de “Delación Lingüística” dependiente de la Generalidad. Se trata de un organismo al estilo de las antiguas chekas soviéticas, del Ministerio de Seguridad del Estado germano-oriental o de la Gestapo (Policía Secreta del Estado del nacionalsocialismo alemán).
Dicho 
organismo totalitario de represión del gobierno autónomo catalán le instó a este ciudadano y empresario a que pusiera sus carteles como mínimo en catalán, requerimiento basado en la Ley de 1998 sobre Usos Lingüísticos Catalanes.
En Cataluña, si uno pone TODO en catalán, no pasa nada. Si se combinan ambas lenguas oficiales (el catalán y el español), tampoco pasa nada. Pero si a uno se le ocurre poner todo en español (que según el artículo 3 de la Constitución es la lengua oficial de todo el estado español) se incurre en vulneración de los derechos lingüísticos del consumidor, con la particularidad de si todo está en catalán no se presume ninguna vulneración de dichos derechos, a pesar de que la Constitución especifica que todos los ciudadanos españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar la lengua española.
Como el mencionado ciudadano no ha rectificado, sino ha optado por seguir usando la lengua oficial de todo el estado español, hace 3 meses le visitó una Inspectora Lingüística (es decir, la misma Gestapo catalana) y le multó. Ayer le llegó la confirmación oficial de la multa. Dispone de 10 días para recurrirla. La infracción asciende a 1.200 €.
Resulta inconcebible que el hecho de usar la lengua oficial de España en Cataluña para dirigirse a los clientes potenciales exclusivamente en la lengua de todo el territorio nacional constituya un hecho sancionable, una infracción de la ley. La medida represora y totalitaria del gobierno autónomo catalán no es sólo anticonstitucional, sino limita claramente la libertad individual y la libertad empresarial. Un empresario es muy libre de dirigirse a un público concreto (en este caso a todos los clientes potenciales que tengan la lengua española como propia y habitual), y ningún organismo del estado tiene el derecho de limitarle en ese derecho. Si no vende usando una lengua concreta, ya se adaptará a las necesidades del mercado, pero en este caso concreto no parece que el uso exclusivo del español como lengua vehicular suponga ningún perjuicio para el empresario, sino más bien todo lo contrario.
Tenemos el mismo problema en las zonas turísticas en las que los comercios y locales dirigidos a un público inglés o alemán rotulan solamente en estas lenguas, pero que ahora están obligados a rotular en catalán o mallorquín.
Una lengua no puede ser impuesta. Cada ciudadanos es libre de expresarse en la lengua con la que creció, con la que se desenvuelve y con la que le dé la gana de expresarse, sin que ninguna autoridad del estado pueda imponerle el uso de una lengua que ni usa ni domina.
Lo más llamativo del presente caso es que no se cuestiona la profesionalidad o el servicio del empresario, sino que no puede utilizar libremente una de las 2 lenguas cooficiales en Cataluña, España, sino que se le obliga a usar una de las dos, la minoritaria que que menos clientes potenciales usan, entienden o dominan.
Como dice un bloguero en Cataluña hacia el fascismo, se trata de la asfixia burocrática del idioma común español, alentada por un sistema de delación, chivatos y policía lingüística, cuyo único vínculo con la palabra democracia es que todo esto ocurre en una España que, además de afortunadamente democrática, es desafortunadamente gilipollas y se lo traga todo por miedo a que la llamen facha“.
España ha dado otro gran paso para deshacerse de los últimos flecos de libertad y democracia permitiendo a gobiernos autónomos totalitarios saltarse la Constitución a la torera e imponer sanciones a ciudadanos que no hacen otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
