- Palacio de Las Garzas – Presidencia de la Republica de Panamá.
Dr. Belisario Antonio Rodríguez Garibaldo
Jurista, Periodista, Sociólogo, Analista Político, Profesor y Escritor
Miembro del Partido Revolucionario Democrático – PRD (Panamá)
E-mail: [email protected]
Web: http://www.pa/secciones/escritores/rodriguez_belisario.html
En un Estado moderno, casi todos los servidores públicos tiene permanencia y estabilidad en el cargo, ven pasar ministros y gobiernos, pues existe una real carrera administrativa en donde todos los cargos de la administración del Estado (asesores-funcionarios, personal-servidor público, docentes-catedráticos, servicio exterior-diplomáticos, notarios-registros, jueces-magistrados-fiscales, seguridad policial-militar, etc. y etc.) serán siempre por concursos de selección (examen, meritos, diplomas, experiencia) en quien obtiene una plaza tendrá permanencia en el cargo (además de ascenso de escalafón e incentivo salarial por méritos y experiencia), con estabilidad como garantía de imparcialidad y competencia (con evaluación continua de gestión pública); salvo excepto con los cargos de elección popular (presidente, diputados, alcaldes, concejales) y los cargos políticos jerárquicos de la administración por delegación de autoridad para funciones públicas (ministros, directores, secretarias superiores, etc.).
En un país moderno un funcionario público debe ser imparcial en sus funciones sin discrecionalidad personal en la toma de decisiones, por lo que no es problema que una institución pública del órgano ejecutivo (u otros órganos) delegué en subalternos ciertas áreas de su competencia, mientras observe que todo se apega a la ley. En las instituciones pública no debe haber ‘obediencia debida’, ni un ministro ni superior jerárquico puede obligar al subalterno a violar la ley. En lo demás, se puede estar de acuerdo con el político de su preferencia, pues en un sistema democrático cada ciudadano es libre de votar según su conciencia, de participar en un partido político o ser candidato a un cargo de elección popular.
En los Estados democráticos modernos, se entiende que la necesidad de la definición de ideologías-doctrinarias de los partidos políticos, es en virtud de que las mismas se traducen en diversos programas de planes de gobiernos, donde los ciudadanos tienen diversas propuestas electorales de donde escoger para la solución de sus problemas, pero luego estas propuestas se terminan convirtiendo en las políticas publicas, económicas y sociales de un determinado gobierno electo por el pueblo. Otra cosa son las políticas de Estado, establecidas por consenso político mediante leyes permanentes que no deberían variar en cada gobierno: salud, educación, cultura, seguridad social, seguridad pública, infraestructuras, servicios públicos, dependencias públicas, subsidios sociales, etc.
Para alcanzar a la modernidad del Estado se debe tener constante superávit del presupuesto público, teniendo mayores recursos públicos para una modernización continua de la administración pública en el ejercicio eficaz de las funciones públicas (y no para corruptelas violando leyes). En los Estados modernos un alto presupuesto público se logra con el desarrollo económico, pues cuando existe pujanza económica, inversión y empleo, el Estado recauda impuestos que se traducen en políticas públicas, económicas y sociales: seguridad social, servicios públicos y sociales, infraestructuras, seguridad pública, etc.
El desarrollo económico garantiza el bienestar social, consolidando a las instituciones y la democracia. Cuando nuestros países subdesarrollados de Latinoamérica alcancen al desarrollo económico y social, se consolidaran a las instituciones y la democracia. La diferencia democrática entre las diversas fuerzas políticas (ideológicas-programáticas) radica en cual es el método mejor para alcanzar este fin. He allí a la madre del cordero, el fundamento sobre el método de gobierno. Así debe ser un Estado moderno.
