No es solo por la ratificación del Convenio 169 de la O.I.T., la exigencia del cumplimiento de la medida cautelar dictada por la CIDH en el caso del Proyecto Hidroeléctrico de Charco La Pava (Chan-75), la salida de la AES, la delimitación de las tierras anexas de la Comarca Ngäbe Bugle, el cese del proyecto de titulación de tierras por (PRONAT), el cierre indefinido del proyecto Minero Petaquilla, la derogación de las leyes y concesiones (mineras, hidroeléctricas y turísticas) que acaparan costas e islas como de tierras de comunidades indígenas y campesinas y que benefician solo a intereses extranjeros, por la libertad sindical de las organizaciones indígenas de tierras altas, por mayor presupuesto para los programas sociales de la Comarca, lo que inicio esta movilización de los pueblos originarios, sino por su búsqueda de respeto y reconocimiento. Junto a blancos, afros, mestizos, inmigrantes de todas partes del mundo conforman la riqueza humana, pluralidad y multiculturalidad de nuestro país. La movilización que recorrió 370 kilómetros inicio el 16 de septiembre bajo el sol, la lluvia, el frío, el calor, la sed y el hambre y llegaría justamente a la capital en el cincuentenario de la Marcha de la Desesperación y el Hambre. El grave problema de los pueblos originarios en nuestro país es de vieja data. Inicio hace 517 años y aun continua.
El desprecio, el rechazo y el prejuicio racial de los gobernantes y políticos de los inicios de la era republicana manifestada a través de una lógica “civilizadora” que yo llamaría racista, aplicada por medio de la subvención de misiones cristianas para “civilizar” y “catequizar” a las tribus indígenas (ver Constituciones de 1904, 1941 y 1946) como si se tratara de salvajes, de empresas nacionales y transnacionales que en la actualidad explotan los recursos minerales y acuíferos de una manera irresponsable, incorrecta y dañina al ambiente en sus propias tierras y el abuso policial y violación de sus DD.HH. cuando protestan exigiendo sus reivindicaciones (el caso mas reciente fue el desalojo y arresto de los nasos en la plaza catedral) es un claro y concreto indicativo de que esa lógica de pensamiento y acción es perversa. La idea de que somos un país tolerante es falso. Las acciones mencionadas así lo demuestran. La difícil realidad que sufren los pueblos originarios en cuanto a su calidad de vida, miserables salarios, altisima pobreza, trabajo y desnutrición infantil y falta de acceso a una buena educación, salud e infraestructura publica son parte de un calvario que no termina. Pero, en medio de la adversidad, se abre la posibilidad no solo de ser escuchados en los medios o ser recibidos por las autoridades, sino de que mas panameños comprendan la magnitud de la explotación y abandono de los indígenas. Es un problema de justicia social, libertades y derechos reclamados y negados históricamente por los pasados y actuales gobiernos. Sin lugar a dudas, es la movilización de la dignidad.
