La realidad colombiana, construida con una desigual repartición de la riqueza y un cruel y prolongado conflicto armado, contrasta con el respetable lugar que ocupa el país en el índice de Desarrollo Humano (IDH) elaborado por Naciones Unidas.
El bombardeo de un campamento de las FARC en Ríoblanco y Planadas, en el departamento de Tolima al sur de Bogotá, mató a ocho guerrilleros. Los medios informaron también de que Colombia ocupa el lugar 34 en Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los más de 130 países estudiados.
El IDH es una medición país por país, elaborada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que toma en consideración duración de la vida y buena salud, alfabetización de adultos, matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como duración de la enseñanza obligatoria y el índice del nivel de vida. Según el IDH, la esperanza de vida en Colombia es de 72 años, pero eso contrasta con miles de jóvenes muertos en el conflicto armado, la mayoría civiles, según los informes de Amnistía Internacional.
Contradiciendo el puesto elevado en el IDH, el desempleo ha aumentado en Colombia 5 puntos hasta el 11,7%. La crisis, por supuesto, pero como explica el catedrático Alfredo Sarmiento, asesor del PNUD, “Colombia es un país cuya gran riqueza está muy mal distribuida con alguna gente con un nivel de vida muy alto”. ¿Y el resto?
A las causas de pobreza, ocasionadas por la codicia y un sistema global injusto, cabe añadir que Colombia es, tras Sudán, el país con más desplazados internos del mundo. En 2008, 380.000 personas huyeron de sus hogares: un incremento de más del 24% respecto a 2007. Hoy hay entre tres y cuatro millones de personas desplazadas. Huyen del conflicto armado interno y porque han sido hostigados por la guerrilla, paramilitares y fuerzas de seguridad que expulsan a comunidades enteras de territorios de importancia estratégica, a menudo más económica que militar.
Indígenas, descendientes de esclavos africanos y campesinos son los más afectados. Como pasó a cien familias de San José de la Turbia, en Nariño, departamento fronterizo con Ecuador, que abandonaron su hogar porque temían por su vida. Días antes, paramilitares sacaron con violencia a Francisco Hurtado y nunca más se supo de él. El resto fue amenazado.
Se calcula que se han robado entre cinco y seis millones de hectáreas de tierras de millares de campesinos, indígenas y ciudadanos de color descendientes de esclavos, sobre todo por paramilitares; los que según el gobierno están desmovilizados. Amnistía Internacional ha documentado centenares de casos de hostigamiento, amenazas y crímenes de civiles con datos, lugares, nombres, apellidos y responsables de violaciones de derechos humanos.
Quienes denuncian esos crímenes y reclaman justicia, los defensores de derechos humanos, corren serio peligro en Colombia, según afirmó el pasado 18 de septiembre la Relatora Especial de Naciones Unidas, Margaret Sekaggya, que ha investigado la situación de los defensores colombianos.
Ese riesgo se convierte en muerte demasiadas veces, como le ocurrió a Jesús Heberto Caballero, dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, que había denunciado la corrupción en el estatal Servicio Nacional de Aprendizaje. Su cadáver fue descubierto un amanecer de abril con señales de tortura en Sabanalarga, municipio de la región caribeña de Colombia. Días antes, Caballero había recibido una amenaza de muerte firmada por los paramilitares Águilas Negras.
A un lado, los colombianos y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el país saben que más allá de los datos mejorados del IDH y de las victorias militares contra la guerrilla, gran parte de la población civil sufre las consecuencias de un conflicto prolongado y cruel. En otro, el gobierno y la clase dirigente colombianos (con la impagable complicidad o encubrimiento de muchos medios informativos occidentales) esconden las graves violaciones de derechos humanos contra civiles perpetradas por todas las partes en el marco del conflicto.
Hay una especie de desdoblamiento nacional: fiscales y jueces, que se pliegan a los ilegítimos deseos de la clase dirigente, acosan judicialmente en falso a defensores de derechos humanos; pero por otra parte, otros jueces y fiscales están en el punto de mira de los paramilitares y son asesinados por investigar violaciones graves de derechos humanos y masacres de civiles.
El presidente Uribe y su gobierno deberían comprender de una vez que para acabar con el conflicto colombiano no puede haber nada por encima de los derechos humanos. Entonces los éxitos militares logrados se convertirán en auténtica paz.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
