Los regímenes penitenciarios suelen dejar fuera la reinserción de los presos, facilitada por actividades relacionadas con el voluntariado, las actividades culturales y el trabajo en beneficio de la comunidad.
Construir una cárcel nueva cuesta 100 millones de euros. Y cada preso en un centro penitenciario español cuesta una media de 63 euros por día. Una de las formas directas de atenuar ese gasto es evitar la reincidencia. Para ello, resulta clave la función de reeducación que debería desempeñar toda estancia en prisión. La finalidad de las penas privativas de libertad es no sólo la retribución -pagar por el delito- servir de ejemplo, e intimidar, sino también la reinserción, según recoge la propia Constitución Española.
Lo normal es pensar que cuando hay más paro habrá más delitos, pero esa creencia es falsa y se contradice con la realidad. Según explica José Sánchez Isidoro, psicólogo del centro penitenciario de Navalcarnero (Madrid), sucede lo contrario. Es cuando fluye el dinero, que propicia un mayor consumo -eso incluye alcohol, cocaína, heroína, y otras adicciones – cuando se producen más delitos.
En el caso español, se produjo un cambio total con el fenómeno de la droga en los 80. Ahora hay una tipología de delitos ‘nuevos’ que incrementan también los ingresos en prisión.
España tiene la tasa de población reclusa más alta de Europa, con 153 presos por cada 100 mil habitantes. Desde el año 2000, el número de internos casi se ha duplicado, pero el número de centros se ha mantenido, lo que supone una sobre ocupación del 200%.
“El actual sistema penitenciario se ha quedado obsoleto, con unos centros muy complejos, poco descentralizados, hay excesivo peso de la gestión, una seguridad sobrevalorada, no hay suficientes programas específicos ni bastante personal para ellos, se precisa más formación, pero aún así, las cárceles españolas son un referente en el mundo”, afirma Sánchez Isidoro.
En España hay 527 organizaciones sociales que realizan programas dentro de las cárceles. Entre voluntarios y profesionales contratados, más de 6000 personas intervienen en los 82 centros penitenciarios con programas para la inserción laboral y la integración social; hay atención a colectivos específicos, programas sanitarios y con drogodependientes, programas educativos y deportivos.
Hay programas como las Aulas de Cultura de Solidarios, donde se realizan conferencias de gran interés, en las que participan relevantes escritores, directores de cine, profesores y periodistas junto a internos y voluntarios. Existen Ciberaulas, impartidas por voluntarios jubilados, para acercar la informática a los internos. Hay formación para el empleo medioambiental, como el Proyecto Oxígeno, de la Fundación Biodiversidad. Y cientos de propuestas cuyo objetivo no es otro que la resocialización de los internos.
Un paso importante ha sido la creación este año del Consejo Social Penitenciario, primer organismo de participación social en las cárceles. Responde a una demanda de las propias entidades y pretende sumar esfuerzos y coordinar acciones.
Por otro lado, para descargar el sistema penitenciario es preciso que se desarrollen y apliquen medidas alternativas a la prisión. Cuando lo determina el juez, los condenados a penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC) prestan su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública.
Algunos siguen programas de formación, sensibilización y educación en valores en seguridad vial cuando se trata de las infracciones menos graves en materia de tráfico. Otros realizan tareas auxiliares con voluntarios de protección civil. Algunos cumplen la pena en asociaciones donde, junto a voluntarios, se realizan tareas de mantenimiento de montes para evitar incendios forestales, limpieza de calles o carreteras en época de nevadas o asistencia en grandes eventos en los que hay gran afluencia de público.
Una persona que cumple su condena en TBC puede seguir con su empleo y realizar las tareas en tiempo libre mientras genera algún bien a la sociedad. Por otro lado, un interno le cuesta al Estado una media de 23.000 euros por año. El tratamiento más apropiado es aquél que incide mejor sobre los factores que llevaron a la persona a cometer el delito (toxicomanías, violencia, conductas antisociales, etc.). Se ha comprobado que en grupos de internos que realizan programas adecuados, puede reducirse la reincidencia hasta en un 63%.
Después de más de tres décadas de trabajo en prisiones el psicólogo Sánchez Isidoro afirma que “el tratamiento especializado en las cárceles además de ser una obligación de la administración, es rentable. Hay voluntad y conocimientos para hacerlo. Se puede si hay los recursos apropiados suficientes”.
María José Atiénzar
Periodista
