No respetar derechos humanos institucionaliza la injusticia

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La lucha contra las violaciones de derechos humanos se dificulta cuando es el Estado quien no respeta y defiende esos derechos, a pesar de que, muchas veces, firman tratados internacionales que los obligan.

Cuando alguien viola a una mujer, se enfrenta a consecuencias penales y al rechazo colectivo. Y también quienes explotan a niños, secuestran, torturan o despojan a pobres. Así ocurre también con otros delitos, casi siempre graves violaciones de derechos humanos. Pero no hay rechazo y menos aún condena cuando son los Estados (en realidad, quienes encarnan sus poderes políticos) los que violan derechos humanos por acción, complicidad, omisión o incumplimiento de sus compromisos.

La legislación internacional de derechos humanos que Naciones Unidas elabora y promulga obliga tanto como las leyes de cada estado. El problema surge cuando los

Estados no cumplen con su obligación de respetar y defender los derechos humanos, como han firmado y ratificado.

Ponemos en la picota de la violación de derechos humanos a China, Irán o las repúblicas de Asia central de la desaparecida URSS, por ejemplo. Es justo, pues tales Estados violan derechos humanos de modo sistemático. Pero entre los estados tenidos por democráticos no es oro todo lo que reluce en respeto y promoción de derechos humanos. Una cosa es que los estados no puedan ser condenados y otra que sus infracciones y violaciones de derechos se ignoren.

En España, hay malos tratos a detenidos y ninguna respuesta por parte del Estado. Según Amnistía Internacional, existen serias deficiencias que impiden prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros malos tratos por agentes de la seguridad del Estado. La organización defensora de derechos humanos ya denunció esa situación en 2007, pero dos años después el gobierno español no ha afrontado el grave problema.

El desarrollado Japón ejecuta a enfermos mentales. El secreto sobre la aplicación de la pena de muerte impide conocer el número exacto de personas con enfermedad mental, condenadas a muerte y ejecutadas. Japón vulnera gravemente las normas internacionales que ha firmado y ratificado.

En Colombia, el gobierno mira hacia otro lado mientras los paramilitares, guerrilla y  efectivos del ejército o policía perpetran graves violaciones de derechos humanos de la población civil. Periódicamente se tiene noticia de asesinatos de campesinos, indígenas o afrodescendientes, mientras sindicalistas y otros defensores de derechos humanos corren serio peligro, son amenazados o acusados falsamente.

El gobierno colombiano no se tomó en serio la advertencia de Amnistía Internacional de que habría más ataques contra indígenas y el pasado agosto los awá fueron víctimas de una tercera masacre en menos de un año.  Al mismo tiempo se perpetra un sistemático despojo de tierras de campesinos e indígenas amenazando y aterrorizando a la población civil.

En Perú, comunidades indígenas se negaron aceptar las propuestas de presunto desarrollo del gobierno de Alan García en la Amazonia. Estas propuestas negaban sus ancestrales derechos a la tierra así como la defensa de la selva y del medioambiente. Amnistía Internacional comprobó maltrato a personas indefensas, incluso a heridos en ambulancias, y el uso de armas de fuego contra personas desarmadas en las manifestaciones de junio de 2009 contra las resoluciones gubernamentales en las que más de doscientas personas fueron heridas. El Estado peruano no cumplió su responsabilidad para con los pueblos indígenas.

A pesar de argumentos, cartas, ruegos y peticiones para que no fuera promulgado el Código Penal reformado, por injusto e inhumano, interrumpir el embarazo en Nicaragua hoy es delito. Esa reforma no considera el peligro para la vida de la madre, malformaciones o enfermedades incurables del feto o que el embarazo sea por violación. Las adolescentes violadas no se detendrán por ese código, pues no querrán un hijo fruto de haber sido forzadas, y recurrirán al aborto clandestino. Y a un peligro de muerte probable.

Israel ignora las resoluciones de la ONU en el conflicto con los palestinos, perpetra presuntos crímenes de guerra y desalojamientos forzosos injustificables, y condena a la pobreza a la población palestina al convertir la franja de Gaza en el mayor campo de concentración del mundo… Mientras Estados Unidos y la Unión Europea miran hacia otro lado.

Se pueden citar otros países democráticos que incumplen gravemente sus compromisos de defensa y promoción de los derechos humanos de todos, mientras aparentan ser campeones de esos derechos. Pero, como en otras cuestiones, obras son amores y no buenas razones. Como indica la frase popular, el movimiento se muestra andando.

Xavier Caño Tamayo

Periodista y escritor

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