Extorsion muda y consentida en el sistema universitario argentino

El caso de las Universidades del Conurbano Bonaerense.

Sobre las denuncias acerca de la corrupción en el aparato científico argentino (CONICET, CONEAU, Agencia, SPU) hay quienes dicen que son internas al sistema científico y que están distantes de los problemas acuciantes del país. Sin embargo, ese supuesto distanciamiento no lo es tanto porque dicho aparato esté alejado de la sociedad (que lo está y con creces), sino porque el aparato burocrático de la ciencia y la educación superior, manipulado por este gobierno y por los anteriores, se ha propuesto debilitar, censurar y corromper los claustros docentes universitarios de todo el país y también sus planteles de docentes-investigadores.

Para ese deleznable objetivo dicho aparato ha volcado en una operación conjunta y combinada todo su arsenal burocrático, que incluye: a) los incentivos otorgados por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), dependiente del Ministerio de Educación; b) las autorizaciones de asesorías o consultorías y los contratos a investigadores jubilados otorgados por el Directorio del CONICET; c) las credenciales para operar universidades y programas de maestría y doctorado, otorgadas por la CONEAU; y d) los subsidios de investigación, otorgados por la Agencia Nacional para la Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) procedentes de un préstamo del BID. Estos últimos han venido siendo distribuidos cada vez mas en menos manos así como en montos cada vez más obscenos, exigiendo su Reglamentación que los beneficiados cuenten con relación de dependencia y dedicación exclusiva.

En esa contracción monopólica de los subsidios de investigación y de los presupuestos universitarios se encuentran asediadas numerosas universidades del conurbano, donde tienen o tuvieron su sede académica conocidos intelectuales (Universidad Nacional de General Sarmiento [Murmis, Rinesi], Quilmes [Altamirano, Myers, Gorelik, Terán, Palti], Tres de Febrero [Amaral, Plotkin, Gras, Feierstein, Picotti, Fernández Lamarra] y San Martín [Sabato, Romero, Burucúa, Aboy Carlés, Palacio, Vezzeti, Grimson, Guber, Wright]. Pero el enigma a desentrañar sería: ¿es cierto que todas las Universidades Nacionales están sujetas a una muda y clandestina extorsión político-presupuestaria controlada por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación con el asesoramiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)? ¿son acaso las universidades más pequeñas vulnerables a estas prácticas extorsivas debido a la dimensión de sus presupuestos y a su escaso poder de movilización?

El resultado de dichas prácticas habría sido el mutismo o silencio forzoso del que hablamos en otros escritos. Más aún ¿es posible que en dichas universidades sus autoridades les exijan a su cuerpo docente el silencio o “no sacar los pies del plato” bajo el pretexto de arriesgar la coparticipación en la torta presupuestaria? ¿podría llegar a tratarse de una extorsión que ha sido tácita y mansa y también consentida por quienes supuestamente deberían ser las víctimas, convertidas entonces en cómplices del silencio? Acusaciones difíciles de probar y constatar con pruebas palmarias, a menos que se presente un arrepentido o se entre en el disco rígido de algún funcionario, pero insoslayable sospechar si nos pusiéramos a evaluar la conducta pública desplegada en materia de críticas a las políticas oficiales por dichas supuestas víctimas, que para colmo se muestran como progresistas.

Con el correr del tiempo muchas de dichas universidades del conurbano porteño comenzaron a crecer cuantitativamente y sus autoridades entraron a competir entre sí como si se tratare de un tráfico de cortesanos por ver quien se engancha mejor con el poder político de turno, al extremo de crear sedes centrales y observatorios de educación superior y políticas universitarias en la Capital Federal para poder exhibirse, estar cerca del poder e influir sobre cada sucesivo gobierno. Para ese mezquino y desleal propósito, la universidad más exitosa a partir del Menemismo fue en el conurbano la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), con un presupuesto de 14 millones de dólares y bajo la conducción del Rector Julio Villar. Ella fue la primera beneficiaria de la Agencia o ANPCYT en el conurbano en materia de subsidios de investigación, que incluyen los múltiples subsidios que recibieran entonces el Director del Comité de Maestría Carlos Altamirano, el luego Rector Mario Ermácora y el Director del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología Mario Albornoz (los listados de los beneficiarios de las Convocatorias 1997-99 desaparecieron del Portal de la Agencia). Pero luego de la crisis del 2001, en febrero de 2002, por públicas desavenencias de su Rector Villar con el Director Mario Albornoz y, más luego, en septiembre de 2003, con el Vice-Rector Mariano Narodowski, la UNQ se vio desplazada de la hegemonía universitaria del conurbano por la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM). Las otras Universidades, como la de Gral. Sarmiento, Lomas de Zamora, Tres de Febrero, Matanza o Lanús quedaron relegadas en materia de subsidios y pasaron a integrar la llamada Lista de Espera de la corrupción

Para consolidar este desplazamiento la UNSaM tuvo el privilegio que su entonces Rector Daniel Malcolm fuera designado en 2005-2006 Secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, reemplazando a Juan Carlos Pugliese. Posteriormente, la UNSaM creó el Observatorio de Educación Superior y Políticas Universitarias entre cuyos miembros del equipo profesional se encuentran Daniel Malcolm, Carlos Marquís y Juan Carlos Del Bello, lo cual constituye toda una definición partidaria de política universitaria y científica.

Más luego, la UNSaM designó como Director de Área Curricular y como Consejero de Escuela, representante del Claustro Docente, al Lic. Jorge Luis Steinman. Durante la segunda etapa del Kirchnerismo, la UNSaM se conformó con que el Lic. Steinman ocupara un escalón inmediatamente inferior al que detentó Malcolm en la jerarquía ministerial: la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que opera bajo la conducción de la mencionada Secretaría de Políticas Universitarias, actualmente a cargo del médico veterinario Alberto Ricardo Dibbern.

Fue en ese período de la gestión del Lic. Steinman en la Dirección Nacional que la UNSaM pasó a liderar, en el conurbano, la cantidad de subsidios recibidos desde la Agencia. En efecto, en dicho período la UNSaM totalizó casi una treintena de subsidios por un monto total estimado en más de cinco millones de pesos (ver Cuadro I).

Por último, es muy posible entonces que una vez superado el Kirchnerismo, y gatopardismo mediante, alguna otra universidad del conurbano logre copar la parada y adueñarse del presupuesto y los subsidios. Pero lo que sí es indubitable es que mientras subsista la discrecionalidad en el reparto de los recursos públicos el miedo, el silencio y la sospecha de una extorsión consentida continuarán.

Cuadro-I

Subsidios de la Agencia otorgados a Investigadores de la UNSAM.

NOMBRE AÑO MONTO

Aboy Carlés, Gerardo 2006 196.223

Agüero, Fernán código 38.209 2006 280.000

Arregui, Carlos Oscar 2006 271.000

Burucúa, Gastón 2004 205.281

Buscaglia, Carlos 2006 280.000

Campetella, Oscar 2007 280.000

Cavarozzi, Marcelo 2004 204.000

Cazzulo, Juan J. 2006 268.700

Cicerone, Daniel Salvador 2007 228.819