Se celebraron elecciones municipales en Uruguay y, si bien la coalición de izquierdas Frente Amplio conservó la capital y los principales departamentos vecinos (Canelones y Maldonado), la votación que recibió fue notoriamente menor (un 12% menos que en 2005), a lo que se agregó una histórica votación en blanco (más de 200 mil votos). Por primera vez en 33 años –desde la aparición de la fuerza política- el Frente Amplio ha visto reducido notoriamente su caudal de votos.
Los votos que se restaron a la coalición de izquierdas no se pasaron a los partidos tradicionales (blanco y colorado), por lo cual se puede establecer con toda seguridad que el FA sufrió, a decir del recientemente electo vicepresidente Danilo Astori, “un tirón de orejas” de sus electores.
Era de esperarse. La dirección política de la coalición de izquierdas viene tomando una dirección diferente a los anhelos de la población partidaria desde hace ya un buen tiempo.
El ex dirigente guerrillero José Mujica –hoy presidente del Uruguay- fue designado como principal candidato, por una abrumadora mayoría de delegados frentistas en el Congreso de la agrupación política, el 15 de diciembre de 2008. El Congreso del Frente le dio la espalda al presidente Tabaré Vázquez, que había propuesto para la candidatura, al que fuera su ministro de Economía, el Cr. Danilo Astori.
El delfín de Vázquez no disimuló para nada su desconformidad, realizando manifestaciones muy negativas a los medios, respecto a Mujica. Eso por su parte indignó a los partidarios de Mujica, incluidos no solo en su agrupación política, el Movimiento de Participación Popular (proveniente del MLN-T).
Mujica sin embargo, trató por todos los medios de que Astori participara en la fórmula presidencial por lo que, tras una semana de negociaciones, el acuerdo se logró. No sin concesiones. Danilo Astori aceptó ocupar el segundo lugar en la fórmula para las elecciones presidenciales, a cambio de tener bajo su mando el Ministerio de Economía o sea, en gran medida, el propio gobierno del país.
Uruguay debía pasar todavía, en un proceso electoral para muchos, demasiado largo y cansador, por las elecciones departamentales. A eso, por propuesta del partido de gobierno y en especial del ex presidente Tabaré Vázquez, se agregó algo nuevo para Uruguay como fue la elección de las alcaldías.
Nuevamente se produjeron roces entre las dos facciones más importantes de la coalición de izquierdas. Danilo Astori (Asamblea Uruguay), presentó a Carlos Varela como su candidato para el gobierno de Montevideo (casi la mitad de la población del país), y los partidarios de Mujica presentaron a Daniel Martínez, integrante del Partido Socialista. Pronto las encuestas revelaron que frente a una adhesión abrumadora de los frentistas hacia Martínez, el candidato de Astori apenas recogía el 1% de las simpatías.
Martínez además, no olvidó recordar la campaña en contra de Mujica, realizada por el ahora vicepresidente Danilo Astori. La candidatura para la Intendencia de la capital quedó trancada. Evidentemente Astori quería, además de haber conseguido el Ministerio de Economía, controlar el gobierno de la capital. El diferendo se solucionó entonces mediante la denominación de Ana Olivera (contra la opinión de gran parte del electorado frentista), integrante del Partido Comunista. Si bien la candidata Olivera no generó antipatías, (Olivera es una integrante frentista respetada y además, mujer), los partidarios frenteamplistas tuvieron que aceptar el hecho consumado y, en particular el Partido Socialista, quedó notoriamente desconforme.
El gobierno de la ciudad de Montevideo es una empresa difícil. La capital uruguaya, tras 20 años de gobierno frentista, no ha podido solucionar dos de sus problemas más acuciantes: la mugre y la inseguridad pública. Montevideo, a diferencia de las ciudades del interior de Uruguay, es una ciudad que se ha vuelto cada día más sucia. Transitan por la capital uruguaya, entre seis y ocho mil carros tirados en gran parte por caballos, en los cuales se recoge la basura de los contenedores del municipio, para ser luego clasificada y reciclada.
Gran parte de lo que no se carga en los carros, es arrojado por los “recicladores” junto a los contenedores. Cuando a eso se suman los repetidos conflictos entre el gobierno municipal y el sindicato de empleados municipales, que dejan de recoger la basura acumulada dentro y fuera de los contenedores, sobreviene la “tormenta perfecta de basura”. Eso a los montevideanos los tiene muy cansados.
Por otra parte la ciudad se ha vuelto insegura. La cantidad de hurtos y rapiñas a mano armada parece crecer cada día. Nadie está libre. Se asaltan gasolineras, mercados, almacenes y kioscos de barrio, camiones de transporte de mercaderías, coches con taxímetro y omnibuses del transporte colectivo. Cualquier mañana se pueden despertar los montevideanos con un “paro de transporte” en ciernes, tras el asesinato a tiros de algún chofer de taxi o colectivo. El último se produjo el 30 de abril pasado.
Entonces llega la gota que desborda el vaso. El recientemente elegido presidente uruguayo José “Pepe” Mujica, manifiesta que tratará de implementar un mecanismo, para que la justicia permita a los presos de más de 70 años, cumplir sus penas de prisión en sus domicilios. Mujica no se refería en primer lugar a los llamados presos “comunes”, sino a los procesados por crímenes de Lesa Humanidad en tiempos de la dictadura.
El malestar provocado en la población (en particular frentista), fue notorio. A tal punto que Mujica dio marcha atrás y retiró la propuesta. No obstante la contrariedad, Mujica siguió adelante con su idea (muy difícil de explicar), y habló de que si bien es imposible pretender la conciliación (con los torturadores y asesinos), los uruguayos tienen que considerar la convivencia, pidiendo a su equipo de gobierno y a los uruguayos en general, que reconsideren su actitud para con las Fuerzas Armadas, integradas “por hombres de nuestro pueblo y de nuestra sociedad, que en los hechos tienen nada más y nada menos que la responsabilidad de llevar las armas del país”
Pero hay un problema. Los militares uruguayos siguen manifestando –cada vez que tienen oportunidad-, en publico, que “son las mismas Fuerzas Armadas de siempre” y que, por otra parte, hicieron “lo correcto” cuando se enfrentaron a la subversión y al comunismo internacional etc. etc., o sea, o sea, que sus crímenes, no fueron crímenes.
Junto con las elecciones presidenciales de octubre del 2009, se celebró (por segunda vez), un plebiscito por el cual se trató de anular la Ley de Impunidad (Ley de la Pretensión Punitiva del Estado), tras la cual se esconden aún, una cantidad de responsables de los crímenes que se cometieron en tiempos de la dictadura. Tabaré Vázquez, siendo presidente de Uruguay y perteneciente a la coalición de izquierdas por el Partido Socialista, se opuso terminantemente a la anulación de dicha ley. De igual manera se opuso Eleuterio Fernández Huidobro, otro de los dirigentes históricos del MLN – T, que ahora dirige, por intermedio de Luis rosadilla, (uno de sus principales allegados), el Ministerio de Defensa.
El plebiscito se perdió (por segunda vez), lo cual alejó las posibilidades de esclarecer los crímenes y en especial el destino de los detenidos desaparecidos. Es así que la nieta del poeta Juan Gelman, Macarena Gelman, terminó presentado junto con su abuelo, una acusación al Estado Uruguayo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la causa de la desaparición de su madre, María Claudia, Irureta Goyena de Gelman.
Y esto último ya es una vergüenza a nivel nacional e internacional. En política, los errores y las faltas tienen su precio. Los electores pasan la cuenta y las cuentas, se pagan.
