La Ley Sinde, ni sí ni no, sino todo lo contrario

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La Ley Sinde, ni sí ni no, sino todo lo contrario

La llamada Ley Sinde, herramienta legislativa que se ha inventado el Gobierno para intentar defender la propiedad intelectual, no es más que un articulado erróneo para responder a una necesidad real de la sociedad.

Porque existe una necesidad real de legislación en Internet, tierra virgen, para poder adaptarnos todos a los tiempos que corren. Ahora bien, no se puede pretender vallar el mar, sino que hay que realizar una concienciación generalizada de todos los sectores con el objetivo de encontrar una tercera vía que garantice la libertad de los internautas y los derechos de los creadores.

La industria audiovisual española, la más afectada, así como la industria editorial, la siguiente en el escalafón, tendrán que adaptarse a los tiempos que nos vienen, y no pueden obcecarse en querer defender un modelo productivo obsoleto y sin futuro. Si todos los recursos que se han utilizado en la defensa del modelo actual se hubieran utilizado en explorar nuevas tecnologías online el negocio no se hubiera ido al traste y todos viviríamos más felices.

Ahora bien, los internautas, entre los que me incluyo, no podemos exigir a los creadores, entre los que también me incluyo, que regalen su obra para que otros se lucren con ella. Es evidente que existen páginas que ya hace demasiado tiempo que cruzaron el límite de la legalidad y que merecen ser cerradas, eso sí, con sentencia judicial.

Porque el proyecto de la Ley Sinde de poder cerrar una página web de manera preventiva, suena a la búsqueda de armas de destrucción masiva que nos vendieron para la guerra preventiva. Cualquier decisión de este tipo debe de estar rubricada por un juez, para garantizar la imparcialidad del sistema.

Un sistema en el que los políticos de este país han vuelto a dejar bien a las claras su escasa catadura moral, limitándose a votar en contra de la Ley Sinde, por su impopularidad, sin ser capaces de encontrar una salida intermedia que pueda satisfacer a ambas partes.

La única solución plausible a este entuerto debe pasar por una mesa de negociación real entre la industria audiovisual y editorial y los internautas, aunque será difícil encontrar una voz autorizada que pueda representar a estos últimos.

En definitiva, se trata de un problema enquistado que supone millones de euros a diario perdidos por unos y ahorrados por otros. España necesita una legislación online acorde con los tiempos, pero esa necesidad no justifica el atraco a mano armada que nos quería hacer el Gobierno, y al que no han accedido el resto de Partidos, no por convicción, sino por evitar la impopularidad.

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