Las materias primas, la corrupción, las drogas, el terrorismo y la compraventa de armas son los asuntos que más preocupan a la diplomacia estadounidense en África, según hemos podido ver en los cables de WikiLeaks.
Estos cables relatan cómo las minas de cobalto, bauxita, cromita o coltán deben estar “protegidas” por Estados Unidos para mantener el nivel tecnológico y proteger la estabilidad de la primera potencia mundial.
Por lo visto, la mayor parte de la actividad de sus embajadas en África se centra en controlar las riquezas naturales y solo en uno de los cables se habla de pasada de los “supuestos avances de la investigación francesa sobre Ruanda”.
No vemos en estos cables demasiada preocupación por la defensa de los derechos humanos o de la paz y, mucho menos, por el bienestar de los ciudadanos. Sus temas estrella están siempre relacionados con las consecuencias que los acontecimientos en esa zona pueden conllevar para el Primer Mundo. Y así, si las nuevas rutas de las drogas o el terrorismo preocupan es porque su destino final es Europa, no por el daño que estos fenómenos puedan estar haciendo a todo un continente.
El gran asunto de los despachos estadounidenses es, como ha quedado dicho, el de las materias primas, esas que hacen que nosotros tengamos computadoras y celulares o que se pueda desarrollar la industria espacial. En los años noventa, el control de las minas de diamantes desencadenó una cruel guerra en Sierra Leona y Liberia, y en esa misma década vimos en televisión cómo cientos de miles de personas huían de la masacre entre hutus y tutsis. Se nos dijo que se trataba de querellas étnicas, entre salvajes, pero fueron luchas por el control de zonas mineras, en la que intervinieron las grandes potencias utilizando a los ruandeses como guerreros manipulados.
El tiempo va poniendo todo en su sitio y recientemente hemos comenzado a leer informes de altos cargos de Naciones Unidas, hasta ahora ocultos, hablando de las matanzas que sufrieron los hutus ruandeses tras el genocidio tutsi. Se confirma que el presidente ruandés Kagame llevó a cabo en territorio congoleño una matanza de hutus, que huían de Ruanda, ante la mirada congelada del resto de la humanidad. A pesar de protagonizar estos hechos, el actual secretario General de Naciones Unidas le nombró codirector de los Objetivos del Milenio. ¿No había nadie mejor?
En el filme Hotel Rwanda vimos el genocidio tutsi: 800.000 muertos y dos millones de refugiados. Esta masacre se pudo llevar a cabo gracias a la mala utilización de 134 millones de dólares del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional bajo un Programa de Ajuste Estructural. Naciones Unidas, desbordada por la situación, no hizo nada para impedirlo.
Pero lo que nunca se había sabido oficialmente es que tras esa matanza vino otra, no menos sanguinaria. Los informes secretos hasta hace escasos meses ni se mencionan en los cables de WikiLeaks. ¿Cómo se han podido guardar en un cajón informes tan sangrantes? ¿A quién pretendían proteger?
El Informe Gersony, un documento de 1994 elaborado por el entonces representante de Estados Unidos ante el Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Ruanda, narra más de 30.000 asesinatos en los tres meses posteriores a la toma del poder por parte de Kagame. O sea tutsis que asesinaban hutus.
Asimismo dos memorandos de Naciones Unidas revelan que la ONU conocía este informe, así como su secretario general Kofi Annan y el subsecretario de Estado norteamericano, George Moose. Por su parte la comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, ha denunciado recientemente a Kagame: “Cometió crímenes contra ancianos, mujeres y niños hutus, tanto ruandeses como congoleños, cuando huían hacia el Congo”. De esta manera, la ONU está reconociendo un segundo genocidio, ocultado oficialmente hasta ahora.
El que sí conocía estos datos era el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu quien en febrero de 2008 admitió a trámite una querella criminal contra la cúpula militar ruandesa. Francia también decidió procesarla, y el actual secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, recibió recientemente una comisión rogatoria del juez Andreu en la que se le solicitaban “todas las pruebas”.
Carla del Ponte, ex fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, describe en su último libro el encubrimiento sistemático por parte de Estados Unidos de los hechos acontecidos. Relata las pruebas que obtuvo para procesar a Kagame y describe con minuciosidad los lugares donde se llevaron a cabo las masacres. Estos hechos hicieron que tuviese que dejar su puesto en el tribunal por negarse a actuar de encubridora. Su sustituto ya se encargó de hacerlo.
Una vergüenza.
Mercè Rivas Torres
Periodista y escritora
