EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
A la hora de escribir este comentario el pleno del Consejo General de Poder Judicial habrá decidido ratificar la segunda suspensión en sus funciones al juez Baltasar Garzón. Indudablemente esta decisión debe tener un razonamiento técnico o jurídico, pero la verdad es que llama poderosamente la atención el que esta suspensión, que ya se produjo en mayo del 2010, se ratifique como si se tratara de una advertencia o una especie de ¡ojo con lo que haces! Al menos a mi me da esa sensación.
Como es sabido el juez Garzón fue apartado de sus funciones por presuntos delitos de prevaricación, excederse en sus funciones, al intentar investigar sobre los crímenes del franquismo porque al parecer existe una ley o un acuerdo parlamentario llevado a efecto en las primeras cortes democráticas en el sentido de que los crímenes de la dictadura eran ya una cuestión de “pelillos a la mar”, asimismo se le acusa de “hacer uso de artificios de escucha y grabación con violación de garantías constitucionales en relación con las grabaciones de las conversaciones en prisión entre los imputados del caso Gürtel y sus abogados”.
A todo esto hay que decir que en el PP se han mostrado muy en desacuerdo, yo diría que casi “agresivos”, con el hecho de que al etarra Troitiño se le haya excarcelado aplicándole la norma establecida, lo que al respecto dice la ley, y que por el contrario se muestren totalmente de acuerdo con que al juez Garzón se le aplique la ley. O sea, que según convenga, la ley no debe interpretarse y aplicarse de forma correcta sino que debe entenderse según los intereses partidistas de quienes quieren verse favorecidos. No es lo mismo aplicar las leyes a un miembro de ETA que a aquel que les está poniendo en el “escaparate”, al que les ha puesto a la “vista del público”. Evidentemente no estoy intentando defender a nadie, solamente quiero expresar mi parecer en el sentido de que la ley es la ley y que se debe aplicar a todos por igual nos guste más o nos guste menos y ningún Gobierno puede enmendar lo que la Administración de Justicia dictamine. Esto último lo digo por lo de las críticas al Gobierno por parte del PP.
En el caso de Troitiño su condena fue por actos de terrorismo y en el caso de Garzón por intentar hacer justicia con las víctimas del franquismo y por su intento de llevar ante la justicia a unos cuantos presuntos “delincuentes”. Repito que la ley es la ley aunque en la mayoría de los casos se nos haga muy difícil entenderla a los ciudadanos de a pie, pero si la ley se ha equivocado con Troitiño, también puede estar errando en el caso de Garzón. En el PP no están de acuerdo con que se le aplique la ley a Troitiño, lo veo normal, y se muestran casi contentos con que se le aplique a Garzón lo cual también veo normal por su parte dado lo que les toca.
De todos modos la ratificación de la suspensión de Garzón me parece demasiado y hasta puede que alguien llegue a pensar que la justicia se está ensañando con este juez.
