Por mucho que nos empeñemos no podemos ser más papistas que el papa y negar la necesidad de una reforma laboral profunda bajo el prisma de los derechos sociales adquiridos por los trabajadores españoles, principalmente porque estos derechos no dejan de ser una falacia nominativa en manos de aquellos que gozan del derecho del trabajo y miran a los ociosos a la fuerza por encima del hombro, desde su pirámide de opulencia circunstancial y repleta de incertidumbre.
La necesidad de una reforma laboral profunda y sin complejos en nuestro país no es algo nuevo, sino que viene heredado desde tiempos pretéritos y se ha ido posponiendo bajo el temor a las movilizaciones sociales, imaginando los políticos que la ciudadanía era una masa social maleable que se dejaría llevar por los ecos demagógicos de los sindicatos. Es evidente que cualquier reforma laboral generará movilizaciones sociales, pero no por ello deben de dejar de realizarse reformas estructurales que modifican a la mayoría.
En primer lugar, el mercado laboral español necesita eliminar la dualidad que sufre simplificando los contratos de trabajo existentes y dejando tan sólo el contrato indefinido como método de contratación. Para poder implementar esta opción se necesita, por supuesto, un abaratamiento del despido acercándolo a la ausencia de coste para la empresa, lo cuál facilitaría la contratación y favorecería la rotación de trabajadores, evitando la actitud funcionarial de la sociedad laboral española.
En segundo lugar, este modelo de un único contrato con costes de despido bajos debería de complementarse con una política de formación efectiva y eficiente que permitiera que los trabajadores estuvieran siempre actualizados y con capacidad para aportar un valor añadido a la empresa en la que estuvieran trabajando, o a cualquier otra, del mismo sector o de otro. En ese escenario, el despido a coste cero no sería un drama, sino una circunstancia laboral.
Y, en tercer lugar, se deberían de reducir las cotizaciones sociales empresariales de las PYMES y autónomos, porque son el principal lastre a la contratación por parte de este tipo de empresas. Si la contratación fuera más barata se eliminaría gran parte del fraude laboral y fiscal por parte de este tipo de empresas y se podría compensar la pérdida de ingresos para las administraciones públicas con un incremento de las cotizaciones de las grandes corporaciones empresariales vía recorte de beneficios.
En definitiva, se trata de conseguir un mercado laboral más flexible, que potencie la contratación a la vez que no reste derechos reales, no de los nominativos, a los trabajadores.
