Cadena perpetua, muerte social
Más de 70.000 personas cumplen condenas en alguno de los 67 centros penitenciarios que hay en España. Es una de las cifras más altas de Europa, pero en la pasada campaña electoral el Partido Popular (PP) planteó una reforma del Código Penal para endurecer más las penas y establecer una cadena perpetua. Algunos grupos presionan para que así sea, mientras otros juristas defienden que la prisión tiene sentido si es para “reeducar y reinsertar a la persona”, como se expone en el artículo 25 de la Constitución Española.
“En España, de hecho, hay 345 personas (sin contar con las condenas por delitos de terrorismo) que cumplen condenas no acumulables superiores a los 30 años. E incluso, hay una persona que tiene una condena de más de 106 años”, explican desde la Plataforma Otro Derecho Penal. Y eso, en la realidad, es casi como decir cadena perpetua, porque muchas de las personas que cumplen esas condenas no volverán a estar en libertad.
La alarma social causada por las muertes de dos menores andaluzas en España en el año 2009, la niña MariLuz y Marta del Castillo, provocó una corriente que pedía el endurecimiento de las penas e, incluso, la cadena perpetua. El PP recogió en su programa esta idea y en la pasada campaña electoral habló de la necesidad de establecer una pena “permanente y revisable” para casos de terrorismo y de agresiones a menores. Al ser una condena revisable, la persona condenada podría pedir al juez volver a ver su caso cuando haya cumplido 20 años efectivos de su condena. Los jueces, entonces, podrían dejar en libertad a la persona si ha habido buen comportamiento, si ha habido arrepentimiento y si hay alta probabilidad de reinserción en la sociedad. En países europeos donde existe la pena perpetua y revisable, como Francia, Inglaterra y Alemania, la realidad es que las personas condenadas cumplen una media de 20 años. En España, ya hemos visto que hay personas cuyas condenas superan esos 20 años con creces, hay condenas de hasta 40 años para personas que han cometido dos o más delitos castigados con penas superiores a 20 años. De alguna manera, parece que con esa “pena permanente y revisable” el número de años de las condenas podría rebajarse en vez de endurecerse, como presenta el PP y aquellos que defienden este tipo de condenas.
Para algunos juristas, la cadena perpetua va en contra de la dignidad de la persona. “La cadena perpetua, aunque revisable, es análoga a la pena de muerte civil o social”, explicaba a un prestigioso diario español Julián Ríos, experto en Derecho Penitenciario y profesor de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. La cadena perpetua niega a la persona a estar en sociedad, y eso atenta a la dignidad humana. Tampoco estas medidas de reclusión perpetua tienen como destino la reinserción de la persona, con lo que incumpliría la Carta Magna española.
Para los familiares de víctimas, las condenas no son siempre suficientes. El dolor de las familias que han perdido a uno de sus miembros por un acto delictivo es respetable y comprensible. Sin embargo, no se puede ser juez y parte. La sociedad respeta el dolor y se solidariza con las víctimas, como tiene que ser. Pero, “el Estado de Derecho tiene que elevarse por encima del dolor para imponer una pena que permita que la persona condenada no muera entre los muros de una cárcel”, explican desde Otro Derecho Penal.
La sociedad tiene en el imaginario colectivo que las penas no se cumplen en España, que uno entra a la cárcel por una puerta y sale por la otra. Pero, la realidad, muestra que toda aquella persona que es condenada cumple íntegramente su pena. Desde el cambio de 1995 en el Código Penal, las personas condenadas no ven reducidas sus penas por trabajo o buen comportamiento. Y pocas personas llegan a cumplir su pena en régimen de semilibertad. A septiembre de 2011, sólo unas 8.500 personas reclusas vivían bajo ese régimen.
El endurecimiento de penas y cadenas “permanentes y revisables” no van a proteger mejor a los ciudadanos. Las estadísticas nos muestran que la delincuencia y la cárcel tienen mucha relación con la exclusión y la pobreza. En las sociedades, con mejores niveles de vida, bajan las tasas de delitos. Y ese puede ser el camino.
Ana Muñoz Álvarez
Periodista
