La actitud excluyente de los obispos españoles y de las organizaciones sociales más retrógradas ha logrado que el Gobierno de Rajoy reclame en exclusiva para la familia la competencia en la moralidad social. Cometen un grave error. Esta actitud se ha manifestado por su oposición a la modernidad y al progreso. No han digerido la democracia de 1978 y se han opuesto a regulaciones, que no imposiciones, como el divorcio, la interrupción de un embarazo no deseado, la regulación de la natalidad, al uso del preservativo y la regulación de las relaciones entre personas del mismo sexo.
Durante la dictadura franquista no se opusieron a la asignatura de Formación del Espíritu Nacional que contenía el ideario fascista del Movimiento Nacional, ni a la tortura ni a la pena de muerte, mientras ejercían la censura de libros, de prensa, de cine y de un pensamiento libre y responsable en nombre de su ideología que impusieron por encima de la soberanía popular.
Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos ha pretendido ayudar a la formación desde la perspectiva de la ética pública que se ampara en al artículo 27.2 de la Constitución: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Esta enseñanza es compatible con lo que establece el artículo 27.3, que garantiza el derecho de los padres para que reciban la formación religiosa y moral acorde a sus convicciones.
Aquí nos situamos en el ámbito de la ética privada que no puede contradecir las obligaciones que derivan de la ética pública democrática. La oposición de los obispos españoles ha llegado a sostener una pretendida “objeción de conciencia” para cursar esa asignatura que no sería más que una desobediencia civil, inadmisible en derecho.
El Gobierno de los neoconservadores ha suprimido esta asignatura que se estaba impartiendo con toda normalidad. Asombra que tan pocas personas hayan leído los textos escritos para que institutos y colegios tuvieran un referente básico, quedando a la discreción de los centros su desarrollo. Los libros del Profesor Marina, del eminente jurista Gregorio Peces-Barba, de Fernando Savater El valor de educar y publicaciones de sociólogos y académicos, como Adela Cortina y tantos otros, no parecen interesar a algunos periodistas y a políticos conservadores, a profesores universitarios ni a quienes la denuncian como adoctrinamiento. Como si lo que la Iglesia ha estado haciendo durante siglos no haya sido una auténtica persecución a quienes no pensaban como ellos.
Se muestran incapaces de razonar sobre textos concretos en los que se desarrolla esta imprescindible asignatura que recorre la educación primaria y secundaria y que culmina con una asignatura denominada “Educación Ético-cívica”.
La transmisión en la educación de esta cultura de la ciudadanía y de los derechos humanos rechaza la violencia desde la idea de dignidad de todas las personas y llega a los derechos humanos y a las instituciones democráticas. Según el Consejo de Ministros de la Unión Europea, “son aquellas competencias básicas necesarias para el aprendizaje que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”.
En su “Carta a los profesores”, el ex rector de la Universidad Carlos III y uno de los Padres de la Constitución española, Peces-Barba, subrayaba la obligación del Estado de formar talantes libres, respetuosos, tolerantes e ilustrados. Es la mejor expresión de la moralidad, de una cultura secularizada y laica que considera al hombre centro del mundo y centrado en el mundo. Enseñanza precisa para desvelar al estudiante los caminos para alcanzar su autonomía con los descubrimientos de sus capacidades que son signo de su dignidad. La capacidad de decidir en la vida social, su capacidad de elegir entre diversas opciones, su capacidad de construir conceptos generales y de razonar, de crear belleza, de comunicarse y de dialogar, de convivir con un sistema de reglas complejo y de elegir libremente su ética privada, como una ética de la salvación, del bien, de la virtud o de la felicidad, religiosa o laica.
Esta dependencia del desarrollo personal respecto de una vida social libre y democrática justificaba la Educación para la Ciudadanía. Pero, incapaces de atraer y de influenciar en los jóvenes españoles, que antes catequizaban, se ha movilizado la carcunda sirviéndose del brazo armado de un gobierno ultra conservador y sin rumbo.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS
