La compañía Endesa ha propuesto a la exministra de Economía española, Elena Salgado, como consejera de Chilectra, filial chilena de la multinacional energética. “Me tomaré dos años cuasisabáticos mientras tenga incompatibilidad. Pero estaré muy activa”, aseguraba en octubre pasado a la revista Vanity Fair.
Elena Salgado ha vuelto a cruzar una puerta giratoria por la que otros muchos políticos españoles han desfilado antes. Entre sus compañeros podría tener a José María Aznar, actual asesor de la estrategia internacional de Endesa en el mercado latinoamericano, con un sueldo cercano a los 200.000 euros anuales. Aznar también es miembro del Consejo directivo de News Corp, con un salario de 220.000 dólares al año. Su nombre también aparece vinculado a las compañías estadounidenses Doheny Global Group y J. E. Roberts. Famaztella, empresa que se encarga de explotar los derechos de propiedad intelectual de Aznar y Ana Botella, su esposa y actual alcaldesa de Madrid, ha tenido cuantiosos beneficios en los últimos ejercicios. La asignación vitalicia que recibe como ex presidente del Gobierno sigue intacta: según los Presupuestos Generales del Estado es cercana a los 80.000 euros anuales. La misma que Felipe González.
Pedro Solbes era responsable de la cartera de Economía hasta 2009, cuando Salgado asumió el cargo. En la actualidad es consejero de Enel, que controla el 92% del accionariado de Endesa. Luis de Guindos, actual Ministro de Economía, era miembro del Consejo de Administración de esta compañía energética. También era director ejecutivo de la filial de Lehman Brothers en España y Portugal cuando estalló la crisis en 2008. Una crisis hipotecaria en la que su banco tuvo mucho que ver. Tanto, que quebró y llevó a la ruina a miles de economías.
Felipe González es otro ejemplo de incorporación al Consejo de Administración de una empresa energética, en este caso al de Gas Natural, cargo por el que cobraría unos 200.000 euros anuales en el caso de asumir la presidencia de alguna comisión.
La incorporación de la ex ministra Elena Salgado a Chilectra se aprobó por la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El Régimen de Incompatibilidades fijaba en dos años el periodo de tiempo para que un ex alto cargo público pueda trabajar en una empresa relacionada de manera directa con las competencias ejercidas durante el mandato.
Según fuentes del organismo, “no existen objeciones a ninguna petición de compatibilidades solicitada por Elena Salgado”. El hecho de que pueda mantener el 80% de su sueldo como ministra durante los próximos dos años y tenga una remuneración de entre 35.000 y 70.000 euros en la filial chilena de Endesa ha despertado un gran rechazo en las redes sociales.
También ha habido voces discrepantes en el Congreso que piden limitar el actual régimen de incompatibilidades de forma que un ex alto cargo no reciba una pensión pública mientras cobra un sueldo por trabajar en el sector privado. Siempre con la negativa de Pedró Morenés, actual ministro de Defensa que, hasta hace unos meses, representaba a una compañía cuyas bombas de racimo fueron vendidas a Gadafi por el gobierno español. De hecho, esa empresa demanda al Estado una compensación de 40 millones en concepto de daño emergente y lucro cesante después de que España decidiera prohibir dichas bombas.
La lista de políticos que han cruzado la línea que separa lo público de lo privado abarca innumerables y prestigiosos nombres.
En palabras del periodista Ignacio Escolar: “Se puede criticar las pensiones de los ex ministros o que salten desde lo público a lo privado sin cumplir un periodo de descompresión, pero no ambas cosas al mismo tiempo”. En nuestro sistema existe un sector público que busca el beneficio social, al igual que hay un ámbito privado al que le urge el beneficio económico. Son compatibles y complementarios. Hay una puerta giratoria que separa ambos. El problema es que de tanto cruzarla, los políticos se crean empresarios y los empresarios, políticos.
Adrián Levy Pernudo
Periodista
