No hay nada más pernicioso para una sociedad que la obtención de un contrato para toda la vida sea el objetivo vital de sus ciudadanos y no el medio para poder desarrollar su actividad laboral con tranquilidad económica y estabilidad financiera. Por ello, la acumulación de funcionarios que pululan por las diferentes administraciones públicas españolas es un lastre demasiado pesado para conseguir avanzar como sociedad.
Sé que no es políticamente correcto decirlo en público, pero todos lo comentamos en privado por la sencilla razón de que es cierto, basta con darse una vuelta por cualquier organismo público y comprenderemos que el nivel de exigencia de los puestos de trabajo que allí tienen cabida es mucho menor que el de cualquiera de las empresas en las que los demás hemos tenido la suerte o la desgracia de trabajar.
Cristóbal Montoro ha intentado decirlo sin decirlo, para evitar la pérdida de votos que ello supone, pero no ha hecho sino poner el dedo en la llaga y sacar a la luz una realidad que entre todos debemos de solucionar. El opositar no es un trabajo, ni el conseguir un puesto de funcionario un objetivo, la función pública debería de ser entendida como un desempeño social, con trabajadores comprometidos con su labor y con un una gestión adecuada de la supervisión y de la política de recompensas y sanciones.
Todo lo demás no es sino un pozo sin fondo al que caen los fondos públicos destinados al pago de salarios a funcionarios que, y no lo podemos olvidar, provienen de los impuestos que todos pagamos de forma coercitiva, porque de otra forma no lo haríamos, y con los que confíamos en recrear una sociedad mejor y más igualitaria.
