No deja de ser revelador que, cuando la economía se estanca en una crisis como la que padecemos en la actualidad, los ciudadanos depositen su confianza en los representantes del capitalismo más descarnado, aquel que impone normas dirigidas no a aliviar la situación de las víctimas orilladas en el paro y la pobreza, sino a perpetuar la hegemonía de la economía global de mercado y del capital como motor social. Parece pensarse que, cuando el dinero (y el trabajo) escasea, fuera preferible dejar a los ricos se encarguen del asunto. Sólo así se explica la ola de conservadurismo que ha arrasado a la mayoría de países europeos -España entre ellos- que han sufrido las consecuencias de una crisis económica, producida por abusos en la búsqueda de desorbitadas rentabilidades en los mercados financieros. La recuperación de la pertinente solvencia deja en manos de los propios mercados, que no supieron o no quisieron controlar la generación de la crisis, dictar las medidas de ajuste que conllevan la aniquilación de derechos y servicios que constituyen el Estado del Bienestar.
La socialdemocracia detenta la autoría de la implantación de ese Estado del Bienestar con que pretendía, tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, extender el auxilio social a un continente en ruinas. Para ello utilizó una economía mixta que combinaba la propiedad privada de los modos de producción del sistema capitalista con una propiedad pública en materias como la educación, la sanidad, la seguridad y otros servicios sociales, financiados a través de una fiscalidad impositiva progresiva. No trataba de sustituir el sistema establecido, sino de reformarlo para proporcionarle un “rostro humano”, atento a las necesidades de las personas y no únicamente preocupado en la obtención de rentabilidades económicas. Sin embargo, cuando se pone en cuestión el Sistema a causa de una crisis u otros peligros, la socialdemocracia tiende a olvidar sus principios de justicia y transformación social y se enrosca en la defensa del orden (capitalista) establecido. Es lo que explica que el presidente del Gobierno socialista de entonces, Rodríguez Zapatero, se apresurara en adoptar las medidas que le imponían los capataces europeos, de acento alemán, de la superestructura económica mundial (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio) que transmite sus órdenes a través del teléfono de la Casa Blanca. No cuestiona el sistema ni presenta alternativas para que los daños que causan quienes deciden la recogida de beneficios no perjudiquen a los más desfavorecidos. Y no es la primera vez que la socialdemocracia traiciona sus ideales.
En otro momento histórico de trágicas consecuencias, durante la República de Weimar, la socialdemocracia se convirtió en “socialchovinista” -como escupió Lenin-, al apoyar la euforia belicista de un nacionalismo histérico que acabaría asesinando a la misma Rosa Luxemburg y a Karl Liebknetch, opuestos a los tambores de guerra y ardientes defensores de la solidaridad internacional de los trabajadores, a principios del siglo pasado.
Es sintomático que, cuando el capitalismo lo requiere, la socialdemocracia no duda en revelarse cómplice en su mantenimiento y perpetuación, desmontando sus propias conquistas, aún cuando con lágrimas de cocodrilo lamente hipócritamente las pérdidas que padecerán quienes menos lo merecen. Es como si el sistema capitalista tuviera necesidad de una careta socialdemócrata para enmascararse cuando le conviene con tal de asegurar una paz social y la extensión de una amplia clase media que garantice el consumo y el comercio, su único interés. Tarde o temprano -en la historia- acaba desprendiéndose de la máscara para mostrar su verdadera faz, como estamos descubriendo en España en los momentos actuales, con los “ajustes” (recortes) y “reformas” (desmantelamiento del Estado del Bienestar) que nos empobrecen con la excusa de una crisis cuanto menos sospechosa. ¿Quién defenderá a los trabajadores si resulta que todas las medidas son para favorecer el trabajo? ¿Usted se lo cree?
