El domingo tenemos un nuevo compromiso con las urnas en Andalucía para elegir al Gobierno de la Comunidad, pero a dos días de la cita aún no tengo claro qué votar. Los socialistas han estado durante 30 años aupados en la dirección política regional, pero, a pesar de coincidir ideológicamente con sus postulados, los escándalos de corrupción y clientelismo que en los últimos años se descubren provocan náuseas a quien siente vergÁ¼enza de los personajes y las actuaciones de verdaderos impresentables. Porque no se trata sólo de irregularidades en la gestión de la administración pública, sino del nocivo entramado tejido para defraudar y saquear los caudales públicos. Mientras se desarrolla la campaña electoral, la juez que investiga algunos de estos casos está enviando a prisión a altos dirigentes de la Junta de Andalucía por delitos graves y continuados de malversación, fraude y robo. Ante semejante panorama, parece aconsejable una “limpieza” en el Gobierno andaluz de quienes, tras tantos años en la poltrona, han creído que disponían de libertad absoluta para manejar discrecionalmente una administración que consideraban patrimonio en exclusividad. Los logros que durante estos años ha impulsado el PSOE en Andalucía, que son muchos y notables, quedan ensombrecidos por estos casos acumulados de corrupción que han acabado hastiando hasta a los propios militantes e instalado la desconfianza en los ciudadanos. De ahí esa pérdida del voto socialista.
Sin embargo, la alternativa con opción de gobierno que representa el Partido Popular tampoco ofrece garantías de “cambio” en la moralidad de la gestión pública, entre otros motivos porque los conservadores también acumulan escándalos allí donde llevan mucho tiempo al frente de Gobiernos regionales u organismos provinciales. No hay que recordar las investigaciones todavía en curso sobre la trama GÁ¼rtel en Madrid y Valencia, la reciente condena del expresidente del Gobern Balear, Jaume Matas, el caso Brugal en Alicante, el sectarismo con que Esperanza Aguirre gobierna en Madrid (Telemadrid, la forma de “apartar” al Dr. Montes del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, etc.), los despilfarros de Fabra en Castellón, el “enchufismo” familiar de Cospedal en Castilla La Mancha y tantos otros que advierten de la manera de proceder de los populares cuando alcanzan el poder. Según diversos mapas que pueden consultarse en internet, la corrupción es un mal endémico que afecta a ambos partidos políticos, casi sin distinción.
Existen otras opciones políticas a la hora de decidirse a votar y ejercitar ese derecho democrático, pero ninguna consigue satisfacer a una mayoría para permitirles, al menos, capacidad de influencia en el momento de conformar alternativas de gobierno. Izquierda Unida, para los votantes de izquierda, no ofrece la seguridad de una alianza progresista cuando en Extremadura apoya a los conservadores en detrimento de los socialistas. Reúne menos escándalos de corrupción porque también ha tenido menos oportunidades para manejar presupuestos públicos. Ante la duda y la desconfianza, florece la abstención.
Al parecer lo único que puede hacer una familia que desea permanecer unida no es ir a votar, sino acudir unida a atracar un banco. En estos tiempos de tantísimos chorizos, incluso entre la más alta aristocracia de palacio, sería considerado un acto de legítima defensa, máxime cuando las deudas bancarias también se sanean con nuestros impuestos. Tentado estoy.
