Si de algo está sirviendo el Gobierno del Partido Popular, del que es Presidente un Mariano Rajoy que practica el autismo como pedagogía, es para despertar las conciencias adormecidas de la gente, la de aquellos que consideraban que ya no existían ideologías y que sólo restaba administrar la gestión de lo público, sin más finalidad que la sincrónica coordinación con la iniciativa privada, a la que habría que saciar cualquier apetito.
Pero cuando únicamente se adoptan consecutivas medidas que perjudican especialmente a esa mayoría silente, cuya exclusiva culpa ha consistido en cumplir con sus obligaciones y trabajar si la dejan, sin otro “enriquecimiento” que el de unos canales de televisión que vomitan bazofia para embrutecerla, se levanta arisca para enarbolar una airada protesta que expresa su descontento por los insoportables niveles de explotación a que es sometida y por el severo castigo que se le inflinge para equilibrar los desmanes cometidos por otros, por quienes acumularon ganancias con todas las burbujas especulativas que no tuvieron empacho de provocar para su voraz provecho.
Los mismos que alimentaron el desmadre del capitalismo más salvaje son ahora los adalides de la austeridad y las reformas, pretendidamente estructurales pero en función de su conveniencia, que se materializan en recortes en los sistemas de protección de los más desfavorecidos de la sociedad. Los que iban a resolver una crisis económica y financiera con su mera presencia en los mandos del Gobierno, sin dejar de atribuir cualquier contratiempo a la herencia recibida, se sorprenden ahora de que nadie, ni siquiera los mercados, confíen en unas varitas mágicas que sólo inciden en el empobrecimiento de esa mayoría que ya muestra su hartura por padecer tantos sacrificios mientras los bancos acaparan la solidaridad estatal mediante la nacionalización de sus bancarrotas o por perder el empleo, y con él toda esperanza de futuro, cuando los que hunden empresas se ven recompensados con el blindaje de sus emolumentos. Así pueden continuar con su especialidad de rapiña o cruzar la puerta giratoria que comunica las estancias donde se dictan las normas con las que habitan los que se lucran gracias a ellas. Los mismos autores para dos escenarios.
A los pocos meses de estar dirigiendo el país, las decisiones gubernamentales que se conocían cada viernes del Consejo de Ministros soliviantan todas las capas de la sociedad, desde los estudiantes hasta los obreros, con excepción de la acomodada y neoliberal casta de la que procede y preserva. Como previó el propio Presidente, su Gobierno ha sido el primero de la democracia en provocar una huelga general en España nada más instalarse en Moncloa. Con la terquedad propia de los iluminados convencidos de estar en posesión de la verdad, continúa con sus recetas que nada consiguen contra una crisis que no para de destrozar empleo y hundir la economía del país.
El descontento en la población es creciente y los paros, huelgas y manifestaciones se suceden día sí y día también. Desde los trabajadores públicos hasta la entera comunidad educativa, de primaria a la universidad, todos han mostrado su rechazo a las medidas adoptadas por el Gobierno, tendentes sólo a reducir lo que consideran “gasto”, de tal manera que, abusando del decreto ley, recortan millones de euros en sanidad y educación, lo que supone la disminución de servicios médicos y el despido de miles de profesores, para inmediatamente conceder una cantidad semejante para el rescate de Bankia, el banco que Rodrigo Rato, un antiguo ministro de economía del Partido Popular, no supo gestionar con solvencia.
La guinda del descontento la han puesto los rectores de las universidades españolas al negarse por unanimidad asistir al Consejo de Universidades que iba a presidir el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, porque en dicha reunión no se incluía el debate sobre los recortes del gasto educativo, lo que más preocupa precisamente a los responsables universitarios.
Ya sólo falta que los curas y los empresarios, únicos colectivos que no lo han hecho, declaren alguna huelga para que todos los sectores sociales muestren su disconformidad con las políticas neoliberales que están desmantelando el Estado de Bienestar mientras auspician una desregulación acelerada del mercado para dejarlo en manos de la iniciativa privada. Sólo así puede entenderse que la educación y la sanidad, junto a otros servicios públicos, sean considerados gastos que lastran el crecimiento y la prosperidad económica del país. Pero de no rectificar, aun cuando en Europa ya se escuchan opiniones en contra de tanta austeridad, el Gobierno conseguirá que ningún gasto desequilibre el Presupuesto, puesto que lo público sólo se referirá a la clase política y la Jefatura del Estado. El resto se habrá entregado ya a la iniciativa privada.
