Disonancias, 13
He visto recientemente la película italiana ‘Terraferma’ que plantea un tema de máxima actualidad: el turismo de la gente acomodada en los lugares costeros susceptibles de recibir inmigrantes clandestinos. La película, aunque interesante, podría estar realizada con más garbo, pero dejo su comentario para centrarme en algo que me ha llamado la atención particularmente: el conflicto entre la razón legal y la razón moral. Según la legislación italiana, ayudar a un inmigrante sin papeles es delito; según la ‘ley del mar’, código tradicional de los pescadores, hay que socorrer a cualquier náufrago, independientemente de su raza, religión, sexo, edad o situación legal. Los protagonistas de la película se debaten entre ambos mandamientos, que hoy acucian a muchos ciudadanos en otros contextos.
La razón legal impone el desahucio de aquellas viviendas que no han satisfecho sus obligaciones económicas-contractuales con los bancos o la administración, mientras que la razón moral apoya a los inquilinos que a causa de una mala coyuntura no pueden cumplir los compromisos que adquirieron en una situación normal. La casuística es abundante tanto en esta materia como en otras de la vida cotidiana.
El poder ejecutivo siempre se basa en la legislación para resolver estos conflictos. Quien no puede pagar es desposeído de su propiedad, aunque una constitución o una declaración de derechos humanos consideren la vivienda como un bien elemental y necesario. El poder ejecutivo se limita a aplicar lo que el poder legislativo ha establecido; si se recurre al poder judicial, el enfoque de la cuestión será mayoritariamente el mismo. No en vano existen unos estrechos vasos comunicantes entre estos tres poderes ‘independientes’.
La reflexión sobre ellos en una situación presuntamente democrática, como la que se vive en nuestro país y en otros muchos, lleva a preguntarse a favor de quién actúan unos y otros. Teóricamente sirven al ‘pueblo soberano’ que es quien ha elegido a los legisladores. Éstos determinan el poder ejecutivo y entre ambos consolidan el judicial. En consecuencia, las leyes y las demás disposiciones oficiales contarían con el refrendo de los ciudadanos, al menos de los que han participado en los procesos electorales.
Sin embargo, existen fundadas sospechas de que una buena parte de lo que se legisla en función de los intereses generales, puede volverse en contra de los más débiles cuando surge un conflicto. Para nadie es un secreto que los grandes partidos, los que consiguen mayorías absolutas o relativas en los parlamentos democráticos y pueden formar gobierno, dependen en último término de grupos de presión y gente poderosa que no permitiría un ejercicio político que les perjudicara.
La historia reciente está llena de ejemplos. La razón legal siempre aplastará a la razón moral cuando el interés de los poderosos se vea comprometido. Salvo que modifiquemos el modelo de sociedad a partir de un cambio de conciencia.
