En un encuentro informativo sobre el fraude fiscal, el Ministerio de Hacienda ha asegurado que las denuncias presentadas por empresas y particulares por este delito han aumentado en torno a un 50%, debido sobre todo –dicen– a que la gente de a pie ha desarrollado una mayor conciencia fiscal ante los azotes de la crisis. Según datos de provenientes de fuentes de la Agencia Tributaria, las denuncias sobre fraude fiscal en 2009 fueron 640; en 2010, 610; y en 2011, 646; frente a las 997 en lo que va de este año.
También, el Ministerio, en su lucha contra el fraude y la economía sumergida, el pasado día 31 publicaba la ley que regula la limitación de los pagos en efectivo a menos de 2.500 euros para operaciones entre empresas y profesionales, que entrará en vigor el 19 de noviembre.
Con todos estos datos podemos pensar que aquellos que realizan trabajos fuera del marco legal y fiscal se lo van a pensar dos veces antes de ayudar a un conocido a pintarle la habitación o a cuidarle al abuelo, a dar clases de repaso a la salida de la facultad, a echar unas horitas limpiando en una casa o a repararle la caldera al vecino a cambio de unos euros sin haberse dado de alta en autónomos, inscribirse en el registro en actividades económicas, realizar factura, ingresar el IVA correspondiente, estar en posesión de la titulación profesional oportuna, haber realizado el correspondiente curso de riesgos laborales y tener, sino se es muy hábil con los números, un gestor administrativo para presentar la declaración trimestral y anual de los tributos de sociedades y actividades empresariales y/o mercantiles y otros trámites administrativos que ahora se me escapan.
En cuanto a la ley del fraude, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha recalcado que es la más ambiciosa de la democracia y ha añadido que pretende combatir los nuevos espacios de fraude y de economía sumergida.
Es evidente que quien se somete al marco legal y jurídico establecido debe tener un apoyo y una protección por parte de la administración a la que contribuye, que para eso paga sus impuestos, y que esos que realizan actividades profesionales de forma alegal y que cuentan con el beneficio del anonimato y de un montante infinitamente menor de gastos fijos que pueden repercutir en ese precio final que ofertan, deben de aflorar y ponerse al día fiscalmente para que este juego lo juguemos todos con las mismas cartas y las mismas trabas y oportunidades. Todos.
Pero hablando de oportunidades y trabas, pensemos en todos esos leguleyos que se sientan tras de la mesa del poder a elaborar las directrices que rigen nuestras vidas fiscales, las suyas y las de sus amigos quienes nos miran desde su posición privilegiada sin apartar uno de sus ojos del paraíso fiscal en donde descansan sus ahorros ocultos a la vista de todos nosotros y al margen de cualquier sospecha (¡), acudiendo para ello a subterfugios legales (para quienes han diseñado a medida la popularmente llamada amnistía fiscal), pretendiendo mediante leyes desafiantes como estas sembrar una dosis de falsa confianza en los denunciantes y de temor en quien defrauda ferozmente el IVA de algún trabajillo para llegar justito a final de mes, puesto que las exiguas nóminas, la pensión del abuelo o subsidios ridículos no dan mas de sí. ¡A por ellos!
Por otra parte, no han dejado demasiado claro el tema la regularización de activos ocultos (suyos y de sus amigos), conocida como amnistía fiscal, que ya he mencionado, por entender que se debe esperar a que acabe el plazo, el 30 de noviembre por pensar que los tributos se suelen pagar el último día. Ya veremos.
Los que están del otro lado de la mesa saben perfectamente lo que hacen aunque parezca que divagan o dan palos de ciego. No lo dudemos. Han de atar corto a quien sostiene su bienestar mientras ellos se supone que no defraudan (minucias, se entiende, lo suyo son otros números); no tienen necesidad de ello, puesto que cualquier emolumento que reciben es graciosamente regido por ellos mismos y las leyes que se autodiseñan en forma de comisiones, dietas, compensaciones e indemnizaciones por servicios prestados (sin contar esa verdadera economía sumergida a los ojos del contribuyente que constituyen todas su graciosas prebendas; legales y menos legales).
Me gustaría ver cómo se las arreglarían cuando, tras haber servido “fielmente” al país como sufridos gobernantes, fueran despedidos con 20 días por año con un límite de 12 mensualidades (como a cualquier otro trabajador, nada más) y sin contar en adelante con el patrocinio de todos esos amigos fieles a quienes ayudan interesadamente y con quienes intercambian favores y canonjías para saciar apetitos desmedidos y ansias de poder.
