Nada ha quedado de las décadas de construcción en masa ni de la compra de casas bajo el título de inversión inteligente en España, donde hay cerca de un millón de viviendas vacías. Tampoco de las hipotecas-regalo ni del valor eterno del suelo. Sólo han dejado escombros menospreciados a su paso: 30.000 personas viven en la calle, 500 personas son desahuciadas cada día. Pasan los días pero las ventanas, persianas y puertas de más de un millón de casas vacías continúan cerradas.
Algo falla pero, mientras en otros países europeos las casas vacías son consideradas como una vergÁ¼enza nacional, en España o Portugal se toma como un problema más, zanjado ante una aparente falta de soluciones o, mejor dicho, ante la existencia de sólo un tipo de soluciones: las incómodas.
Aumento de impuestos o multas a los propietarios de viviendas vacías, obligación de alquiler pasado un plazo máximo de tiempo –como se hace en Reino Unido- o subvenciones a la rehabilitación de casas inhabitables, son algunas de las posibilidades. Ninguna de ellas se ha planteado de forma seria. Demasiado polémicas, cuestionan uno de los derechos más protegidos: la propiedad privada, más valorada en la práctica política que el derecho a una vivienda, a la justicia, a la sanidad… a la dignidad humana.
Durante décadas el sistema ha estado enfocado a la promoción de compra, sería necesario modificar la perspectiva a través de beneficios fiscales para el alquiler, inversiones públicas para el fomento de alquileres baratos de viviendas vacías o ayudas al pago de éstos a personas en riego de exclusión. Una de las salidas pasa por el fin de la cultura de la posesión para dejar paso a prácticas más cercanas al consumo colaborativo.
Las tragedias desencadenadas por la multiplicación de los desahucios y, sobre todo, la movilización de la opinión pública al respecto, obligó a Gobierno y oposición a buscar alternativas: la creación de un fondo social de viviendas con alquileres asequibles. Una buena forma de comenzar el camino si no fuese por los duros requisitos exigidos que descartan a la mayoría de la población. De los millones de viviendas vacías, una buena parte pertenecen a los bancos a causa de los desahucios. Bankia, por ejemplo, cuenta con casas cerradas que suman un valor de más 4.000 millones de euros. Algunas de sus cerraduras están bloqueadas con silicona. No vaya a ser que la familia expulsada no encuentre techo bajo el que dormir y cometan la impertinencia de regresar al que era su hogar.
En 2007 salió a la luz el proyecto www.casastristes.org, que pretendía cambiar el enfoque existente en España respecto a la vivienda, además de ofrecer un despliegue de datos y explicaciones sobre las causas y consecuencias de la burbuja inmobiliaria, había creado un mapa y una lista de casas deshabitadas para representar de forma interactiva la situación. Incluso calculaba, con la esperanza de alertar a la sociedad, los años de vida hipotecada. Casi a gritos, trataban de avisar de la realidad que se acercaba a paso ligero.
La gravedad de la situación se refleja en el aumento de las casas ocupadas de forma ilegal. El perfil del okupa ha cambiado: familias de clase media, azotadas por la crisis han acabado en esta situación. Informados de la existencia de barrios con urbanizaciones vacías casi en su totalidad, han visto en ellas la última oportunidad para no acabar en la mendicidad, para no verse obligados a entregar a sus hijos a los servicios sociales, para mantener viva una esperanza de salir adelante.
Gabriela Sánchez Iglesias
Periodista
