España está a la cabeza de los países europeos con mayor tasa de desempleo, que afecta a más del 25% de la población activa. La pérdida del trabajo ha causado un gran impacto en las economías familiares. Han disminuido los ingresos de muchas familias, que recurren cada vez más a la ayuda de los Servicios Sociales, así como de las organizaciones sociales. Los desahucios están a la orden del día y la capacidad de las familias para ayudar a sus miembros más afectados por la crisis alcanza su límite.
Todo esto aboca a situaciones de calle a cada vez más personas. Sobre todo, aumenta el número de personas con características y trayectorias vitales que difieren sustancialmente del perfil considerado “típicos” para las personas sin hogar: varón de mediana edad con problemas de adicciones y de salud mental.
El aumento de mujeres, jóvenes, familias completas y de personas con estudios superiores en las calles de las grandes ciudades es ejemplo de ello. Además, algunos servicios y recursos que antes se destinaban a la población más excluida, como los comedores sociales o los roperos, están cada vez más demandados por otras capas de la población, sin mencionar el aumento de personas que acuden a los contenedores de basura a la hora del cierre de los grandes supermercados en busca de comida para llegar a fin de mes.
Este termómetro social advierte de lo que puede ocurrir cuando las ayudas sociales se agoten y las familias se queden sin recursos. ¿Qué va a ocurrir con todas estas personas que apenas tienen para subsistir? ¿Podrán los poderes públicos articular las medidas necesarias para evitar que todas las personas que están ahora en la franja de la vulnerabilidad social no lleguen a estar en exclusión?
La crisis financiera y económica ha puesto en jaque al sistema social, dejando al descubierto sus debilidades y su falta de capacidad de amortiguación ante las situaciones críticas. Esto ha ocurrido porque el sistema de bienestar no había terminado de formarse y, unido a los recortes a las prestaciones sociales, hace prever que aumente a corto y medio plazo la población en exclusión social. De esta manera, queda reflejado que el modelo social actual genera desigualdad, pobreza y exclusión, sobre todo contra los sectores de la población más vulnerables y excluidos.
Es el momento de exigir responsabilidades y, para abordar el fenómeno en toda su amplitud, es preciso apelar a la responsabilidad política y social. Política porque son las autoridades públicas quienes, dentro del actual sistema de bienestar, han de poner en marcha estrategias para acabar con esta manifestación de pobreza y exclusión social tan extremas. Y social, porque es una responsabilidad compartida por todos los que formamos el conjunto social. En este sentido, las organizaciones del tercer sector juegan un papel estratégico a través de la creación de redes de solidaridad ciudadana y campañas de sensibilización social. Implicar a todos los actores sociales que conforman la sociedad permitirá trabajar por un modelo más inclusivo para todos y erradicar las formas más extremas de exclusión social.
