Cerca de 2.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a sistemas sanitarios. Unos 100 millones de personas caen cada año en la pobreza extrema, sin poder costearse la salud.
La cobertura sanitaria universal es uno de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM). Los Estados Miembros de la OMS se comprometieron en 2005 a adecuar sus sistemas de financiación sanitaria para la consecución de tal propósito, inspirado en la Declaración de Alma-Ata (Kazajstán) de 1978.
En 2012, Francia, Brasil, Tailandia, Indonesia, Sudáfrica, Senegal y Noruega presentaron una propuesta ante la Asamblea General de la ONU contra la injusticia sanitaria. La resolución recibió apoyo global para intentar acabar con las desigualdades y las barreras de acceso a la sanidad. La ONU pretende incluir esta reclamación en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a partir de 2015.
Una de las condiciones imprescindibles es evitar el pago directo por el servicio en los centros. Lo idóneo sería sustituir este procedimiento por el de prepago con mancomunación de riesgos, aunque es cierto que en algunos casos no resultaría inapropiado el copago por parte de las rentas más altas.
Los sistemas veladores de la salud requieren grandes inversiones por parte de los gobiernos. El cada vez mayor número de enfermos y el elevado precio de las nuevas tecnologías y medicamentos incrementan el tamaño de las inversiones que se necesitan. No siempre se destinan los recursos necesarios. En 2013, 79 países, la mayoría empobrecidos, gastaron menos del 10% de su presupuesto en sanidad. Según la OMS, si los países de la Unión Africana (UA) aumentaran su inversión sanitaria al 15%, como se comprometieron en 2001 en la Declaración de Abuja, contarían con 29.000 millones de dólares más para servicios de salud.
Existen 49 países que invierten por persona la mitad de que se necesita para cumplir los objetivos. Incrementar los porcentajes se presenta como una solución indiscutible. Los gobiernos podrían ingresar impuestos de forma progresiva -quien más tiene, más aporta-, destinados de forma exclusiva a los ministerios de Sanidad. También es importante mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, como ha hecho Indonesia con la reforma de su sistema fiscal.
Algunos países han desarrollado nuevas formas de recaudación con los llamados “impuestos de castigo”. Gravan aquellos productos perjudiciales para la salud como el tabaco, el alcohol, las bebidas azucaradas o los productos muy grasos.
Mediante este tributo se pretende un doble beneficio: se obtiene más financiación y se reducen posibles riesgos en la salud de la población con el consiguiente ahorro futuro. En algunos países empobrecidos estos tributos permitirían un aumento de más del 25% en el presupuesto sanitario. Los impuestos sobre las transacciones de divisas ofrecen otra posibilidad de obtener ingresos.
Más de 40 países no pueden hacerse cargo con sus propios medios de sistemas de sanidad básicos. Por ello, junto a la financiación interna, aparece como imprescindible la Ayuda Oficial al Desarrollo, muy mermada en casi todos los países.
De nada sirven los recursos internos y externos si, como indica la OMS, entre el 20% y el 40% de los recursos sanitarios se malgastan. También se ha de vigilar el sobreuso de tecnologías y fármacos y apostar por los medicamentos genéricos, idénticos a los de marca y más baratos.
Los países que aspiran a tener una sanidad justa han de seguir los ejemplos de otros donde la meta de la cobertura universal se ha aproximado bastante como Brasil, Chile, China, México, Ruanda o Tailandia.
Los medios y la ciencia existen y, si los recursos se emplean de forma eficiente y equitativa, el objetivo de la cobertura universal puede alcanzarse. Lo único que falta, y lo más importante, es la voluntad política global. Es posible evitar que millones de familias tengan que vender lo poco que tienen y se vean obligadas a elegir entre pagar por su salud o por alimentos y educación. La OMS dice que si se establecieran las vacunaciones sistemáticas, 16 millones de niños menores de 5 años salvarían la vida al año. El acceso sanitario universal es exigible como derecho humano.
