Gente que grita en la calle, delante de tu ventana. Protestan y dicen que “sí se puede”. Lo hacen cada vez más alto y cada vez son más. Y tú tienes un cargo político. Sabes que se dirigen a ti, te sientes aludido. Aparecen las fuerzas del orden para calmar los ánimos pero los manifestantes son ciudadanos pacíficos. No pretenden causar perjuicio alguno. Sólo concienciar a la clase gobernante de que la senda correcta no es la sumisión ante el poder financiero. Ha resurgido un nuevo método de protesta. Se le llama escrache y ya lo hacían en los noventa en Argentina las Madres de Mayo.
La grave situación económica, política y social ha sido el origen de este tipo de protestas. Más de una cuarta parte de la población activa en España se encuentra en desempleo. Sin trabajo, es lógico que muchas más personas tengan problemas para pagar la hipoteca. Y si no cumples con la cuota, te ves en la calle. Allá donde el Estado debería regular el mercado para dar cobertura a un número creciente de familias que se quedan sin hogar, las lagunas legislativas del actual sistema hipotecario español se vuelven océanos.
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en contra de los desahucios, admitida a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace escasas semanas, parece quedar en el olvido. El Partido Popular, mayoría absoluta en la cámara, ha vulnerado los fundamentos recogidos en la ILP que más apoyo popular ha recibido en la historia de la democracia. El partido en el Gobierno ha modificado a su antojo un texto firmado por un millón y medio de españoles. La dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social eran condiciones indispensables para su aprobación, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Ante los cambios en el documento, la sociedad civil focaliza sus protestas contra los dirigentes del Partido Popular, quienes sufren el “disgusto” de ver a cientos de personas congregadas a las puertas de sus viviendas.
Viviendas que muchos españoles han perdido en el último lustro. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, desde que comenzó la crisis en 2008, se han realizado unas 400.000 ejecuciones hipotecarias, de las cuales casi 170.000 han terminado en desahucios. Mientras, hay varios millones de casas deshabitadas, con cifras que oscilan según la fuente consultada. Algunas administraciones, como la Junta de Andalucía, han tomado nota de la demanda social que existe tras los escraches. El Gobierno andaluz ha anunciado la “expropiación temporal” a las entidades financieras de aquellas viviendas que vayan a ser objeto de desahucio. Además ha impuesto un severo régimen sancionador para bancos y agencias inmobiliarias con viviendas vacías en su poder.
Contra este nuevo tipo de movilizaciones, los resortes del Estado empiezan a funcionar. La Fiscalía General del Estado, dirigida por Eduardo Torres-Dulce, analizará la relevancia jurídico penal de los escraches que han sufrido los miembros del Partido Popular. La Policía Nacional se encargará de identificar a quienes participen en estas protestas y se prohibirá la celebración de escraches a menos de 300 metros del domicilio de los políticos. Y mientras, los diputados del Partido Popular criminalizan el fenómeno. El ex presidente del gobierno, Felipe González, se preguntaba “¿Por qué un niño va a tener que aguantar una presión en la puerta de su casa?” A lo que una mayoría de ciudadanos respondieron “¿Dónde estaba el expresidente durante los cientos de miles de niños que padecieron los desahucios de sus hogares?” Estos también lloraban mientras acompañaban a sus padres y abuelos. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que “nadie merece ser acosado o intimidado, y menos aún si el motivo es haber sido elegido por la mayoría de los ciudadanos. Ése es su pecado, y la mayoría no puede ser coaccionada por una minoría”. Una mayoría que a buen seguro votó un programa electoral que en nada se parece al que aplica el Ejecutivo español.
La movilización en España sigue. Unos ven actitudes antidemocráticas tras el escrache. Otros lo consideran desmedido. También tiene cuantiosos defensores. En cualquier caso, siempre sin violencia porque la mejor manera de protestar es dando ejemplo de civismo.
“No tenéis derecho a recurrir a la violencia porque tenéis la razón. Tenéis el futuro” decía el maestro José Luis Sampedro, alma intelectual del 15M. En estos austeros días de abril se nos ha ido. Su legado y sus lecciones seguirán ardiendo. ¿Y nosotros?… Nosotros continuaremos en la brecha.
