“Hoy decimos basta, hasta aquí hemos llegado”. Son las palabras de Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda del gobierno de Andalucía, en el Sur de España, al presentar el decreto que asegurará la función social de la vivienda. Una medida que paliará el sufrimiento de aquellos que no tienen un techo bajo el que vivir ante una crisis que arrecia con más fuerza que nunca.
En España hay cerca de 3,4 millones de viviendas vacías, un 10,8% más que en 2001, según datos del Censo de Vivienda. Andalucía, una de las regiones más azotadas por la crisis, tiene entre 700.000 y un millón de esos inmuebles, de los cuales la mitad son propiedad de personas jurídicas. Bancos y empresas inmobiliarias tienen viviendas deshabitadas mientras que cientos de miles de familias son desahuciadas por no poder pagar su cuota de la hipoteca. Padres ahogados por las facturas. Hijos que tienen cada vez más difícil acceder a un trabajo digno. Abuelos que soportan con su pensión los gastos familiares.
La crisis que padecemos cumple en estas fechas un lustro. Han bastado sólo cinco años para arrasar una quinta parte del mercado laboral español, volcado en el sector del ladrillo. Cuando a principios de 2008 la tasa de desempleo era del 8%, hoy supera el 27%, inasumible para cualquier país. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro está cerca de los dos millones. Las medidas adoptadas en Andalucía vienen a paliar situaciones trágicas para de centenares de miles de familias que hoy no tienen sustento económico.
El proyecto se basa en dos pilares. Por un lado, la expropiación del uso de la vivienda a los bancos, durante un máximo de tres años, en caso de desalojos de familias en riesgo de exclusión social. Por otro, el fomento del alquiler de viviendas vacías mediante un sistema de penalización con sanciones de hasta 9.000 euros a bancos, cajas y sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.
Y existen datos para desconfiar de algunas entidades bancarias y su gestión inmobiliaria. Según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), ciertos bancos y cajas de ahorros deben unos 256 millones de euros a las comunidades de vecinos por cuotas y gastos de las viviendas que se han adjudicado.
El ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, duda de la legalidad de las medidas contra los desahucios anunciadas por la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida. Según el titular de Justicia, “el Gobierno no cree que este grave problema pueda tener una solución sectorializada en respuestas territoriales solamente en las comunidades que quieran abordarlo“. Su compañero de partido, Rafael Hernando, portavoz adjunto de los populares en el Congreso, ha criticado que “la Junta quiera convertir a Andalucía en Venezuela”.
Pese a las objeciones del Partido Popular, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no prevé recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional y espera aprobar su Ley Antidesahucios para principios de mes, con el objetivo de proteger a los deudores hipotecarios y fomentar el alquiler social.
Esta norma no se asemeja a la propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que cristalizó en una histórica Iniciativa Legislativa Popular firmada por millón y medio de ciudadanos descontentos con el actual sistema hipotecario. La política que ejecuta el Gobierno español no atiende a derechos fundamentales de los más desfavorecidos. Se prevén 360.000 nuevos desalojos de familias antes de 2015, según la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (AFES).
Hay que pensar en la tragedia que supone para una persona no trabajar ni tener esperanza de poder hacerlo en un futuro. En la situación de 100 personas que son despedidas de su empresa porque ha entrado en quiebra. En la sensación que tienen más de un millón de personas que han perdido su empleo en el último año. En 6.202.700 españoles que están en el paro.
Es preciso empatizar con aquellos que sufren la dureza de la crisis. Con aquellos que han perdido su hogar. Si hay familias en la calle y viviendas vacías, urge actuar con sentido común. Es preciso crear hogares.
