El político, esa especie autoprotegida en España

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Recuerdo el argumentario reiterado, cansino, del constitucionalista para justificar el Estado Autonómico. Acercar la Administración al contribuyente (ciudadano por aquel entonces), etiqueta que quizás fuera un señuelo perfecto, componía la columna vertebral de su “esfuerzo”. Aquel ardor, aquella pasión de púlpito, sedujo -como no podía ser menos- a un español desprevenido, ansioso por conocer el sustento democrático. Auguraban, tras casi cuarenta años de penosa andadura por un desierto inhóspito, la tierra prometida. Percibiríamos un horizonte gozoso, cercano a esa Jauja paradisíaca y próspera. Gozaríamos de unos padres de la patria atentos y bizarros. Eso sí, nosotros seríamos sus hijos putativos. Lo aireaban -del rey abajo- quienes ofrecían nuevos tiempos, usos y oportunidades.

En España no falta dinero, sobran ladrones… Foto: Rafael Robles L.

Llevamos en democracia el mismo tiempo que soportamos la dictadura. Cuatro decenios son suficientes para constatar si las hipótesis iniciales se ajustan a la realidad que nos  perfilaron o si, por el contrario, procede revisar el conjunto a fondo. Lejos de una pareidolia bastante cotidiana, tengo buenas razones para afirmar rotundamente que el Estado Autonómico -tal cual está instituido- no mejora, ni mucho menos enriquece, la gestión que se oferta al ciudadano. Al revés; diluida, codiciosa y agigantada (aunque algunos términos parezcan contradictorios, pero no lo son) la institución nacional y, en el mismo sentido, las autonómicas sumergen en el caos a un individuo poco acostumbrado a los devaneos administrativos.

Conozco el caso próximo de una señora casi centenaria. Nacida en Cuenca provincia, pasa el año -alternativamente- en Madrid y Valencia, excepto el mes de agosto que lo hace en Cuenca. Sus hijas están hartas de gestionar la cartilla sanitaria, las medicinas y, sobre todo, los pañales. Son tres comunidades aledañas pero divergentes en métodos y procedimientos sanitarios. Un absurdo desasosiego se adueña de la situación. Desconozco si el caso supone, o integra, la famosa excepción que confirma la regla. Me aventuraría a conjeturar multitud de ellos en otras áreas de la administración pública. Lo que aseguro es la veracidad del relato, pues se trata de mi suegra.

Parece evidente, por tanto, que las causas verdaderas, por las que se instauró un sistema autonómico, distan mucho de aquellas que constitucionalistas y gerifaltes en general proclamaron a pleno pulmón. Ese juez inapelable llamado Cronos, ha dictado sentencia y sus votos particulares dejan al descubierto demasiadas mentiras, asimismo felonías. Da igual. El político se ríe de las formas, incluso de las que asientan y fortalecen la democracia. Convierte su crédito liberal en una chistera de la que salen, ora palomas de paz ora ofrendas florales capaces de mistificar a un auditorio proclive.

Hay una discrepancia clara entre la morbidez que presenta una Administración bulímica y su inoperancia. De los tres millones de funcionarios que conforman tan descomunal entidad, más de la mitad provienen del enchufe, la arbitrariedad y la deuda satisfecha. Causa extrañeza que gobernantes de todo signo y estamento necesiten,verbigracia, asesores -algunos indocumentados- cuando disponen de expertos técnicos con oposición. Por esto, el lego más  obtuso en negocios prevé la inviabilidad económica del Estado Autonómico. Su única arma es el sentido común; cuya incuria e indigencia se manifiesta en políticos al uso. Probablemente hagan oídos sordos para no tirar piedras a su tejado; es decir, se resistan a matar la gallina de los huevos de oro.

Veo lógico que cada cual ambicione engordar su cartera, avivar un estadio ventajoso; en definitiva, convertir un presunto servicio a la Comunidad en modo y medio de vida. Aborrezco, sin embargo, el cinismo de quien, contra viento y marea, sostiene un afán de servicio pleno, sin otra consideración. El político, esa especie autoprotegida, en España genera una casta endógena que se retroalimenta sin ofrecer señales de enmienda. Los medios de comunicación junto a señalados periodistas y tertulianos, coparticipan en este proceso que atenta contra la soberanía popular. Unos pretenden eternizar el statu quo; otros, ayudan a su señor.

El Estado Autonómico tiene un origen incierto. Se adujeron razones históricas poco rigurosas para gestar algunas Comunidades. Las restantes surgieron al amparo de esa falsedad, ahora constatada, de acercar Administración y administrado. Nadie puede negar, a estas alturas, que el sistema pervierte e imposibilita la acción de gobierno auspiciada por el interés general. Hemos creado un adefesio ineficaz, caro y decadente. Su innecesaria existencia nos lleva a la ruina. Él o nosotros; no hay alternativa.

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