La semana pasada se ha oficializado, con la dimisión de José Antonio Griñán de la Presidencia de la Junta de Andalucía, el declive del partido que ha gobernado esta región durante todo el periodo democrático contemporáneo. Es un hecho sin precedentes que, a los pocos meses de volver a ocupar el Palacio de San Telmo, sede del Ejecutivo andaluz, un presidente renuncie a continuar en el cargo y no se preste a agotar el mandato que había renovado en las últimas elecciones autonómicas, celebradas el año pasado. Una decisión sorprendente en el contexto de la política española, donde las dimisiones suponen, al parecer, una derrota tan indeseada como impuesta por las circunstancias, y no la consecuencia de la lealtad hacia unas convicciones éticas y por respeto institucional.
Desde hace más de 30 años, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha estado dirigiendo los destinos de la Comunidad, sentando a cuatro presidentes en la mesa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: Rafael Escudero, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Ninguno de ellos ha tenido una salida del cargo de forma “voluntaria” y tranquila. Escudero dimite por diferencias con su propio partido acerca del tipo de autonomía que Andalucía podría alcanzar y las transferencias que debía asumir. De la Borbolla, que imprime un fuerte impulso al Gobierno autónomo, también se enfrenta al aparato de su partido, dominado por los “guerristas”, que finalmente lo desplazan de la secretaría general del PSOE de Andalucía. Y Chaves, que sustituye en el cartel electoral al anterior por decisión de Felipe González, es el político que más tiempo ha estado vistiendo el traje institucional de Presidente de Andalucía, nada menos que 19 años. Su marcha obedeció a un “lavado de cara” (restyling) de un PSOE trufado de viejos barones que apenas atraían a un electorado harto de “momias” históricas. Le sucede Griñan, gestor gris y sin carisma, que pronto se rebela contra el “padrino” que lo designa para controlar el poder del partido en la región. Sin embargo, es un feo asunto de corrupción, conocido como caso de los ERE, el que lo aparta precipitadamente del cargo, aunque la investigación judicial en curso todavía no lo implica entre los acusados.
Desde que en 1977 fuera legalizado, el socialismo que representa el PSOE ha sido la fuerza representativa de Andalucía y el único partido que la ha gobernado. Durante más de 20 años lo ha hecho con mayoría absoluta y, en varias legislaturas, en minoría con apoyo parlamentario de otras formaciones. En la actualidad, contra todo pronóstico, gobierna en coalición con los comunistas de Izquierda Unida, dejando en la oposición a los conservadores del Partido Popular, que ya adelantaban un “cambio” en la Junta de Andalucía que los ciudadanos le negaron al no confiarles la mayoría absoluta.
El socialismo del PSOE ha modernizado las estructuras de la región, pero no ha conseguido alejarla de los estigmas que la caracterizaban como región subdesarrollada, carente de una industrialización que combata los índices de un paro que secularmente alberga. Tampoco ha conseguido culminar ninguna reforma agraria, a pesar de varios intentos, que pusiera en producción y en manos de los campesinos los latifundios que aun ocupan gran parte del territorio rural, cuya propiedad pertenece a apellidos de una nobleza de terratenientes de rancio abolengo.
Ni siquiera la iglesia católica, en esta tierra de María Santísima, ha podido ser desplazada al ámbito de las creencias íntimas de las personas, por lo que ha conservado privilegios a la hora de “educar en la fe” a los niños en colegios concertados, pero con financiación pública, y su personal continúa siendo sostenido con cargo a los Presupuestos del Estado.
El escándalo de la corrupción de los ERE, como otros casos de irregularidades en partidos con responsabilidad de gobierno, adoba esta desafección ciudadana de la política, insatisfecha con lo conseguido, desilusionada con las promesas incumplidas y desconfiada con una “casta” de servidores públicos que acaba siempre defraudando. Aun sin imputar, el presidente Griñán era objeto de las sospechas de una malversación de fondos públicos que, si no de forma activa, si de forma pasiva debía haber conocido por su condición de exconsejero de Hacienda, competente para vigilar la administración de tales recursos, y por lo que se había convertido en el blanco permanente de una oposición que no cejaba en el empeño de implicarle. Con 67 años cumplidos y con un carácter voluble, José Antonio Griñán ha preferido quitarse de en medio, dejando el relevo de la Junta de Andalucía a una mujer que, con 39 años, no tiene que dar cuentas de ningún pasado oscuro y sospechoso.
Tras tres décadas protagonizando el sentir mayoritario del pueblo andaluz, el socialismo vive sus horas más bajas y difíciles, el declive de un proyecto que consume sus días sin capacidad de insuflar alguna esperanza en un futuro de solidaridad y justicia. La dimisión de José Antonio Griñán oficializa ese declive del socialismo andaluz, por mucho que se quiera revertir de “cambio histórico”.
