La discapacidad entendida como fraude
Hace unos días se celebraba un juicio con ingredientes dignos de una película surrealista: un equipo de baloncesto de personas discapacitadas intelectuales en el que sólo dos de sus integrantes lo eran, medallas en campeonatos internacionales, las Paralimpiadas de Sidney 2000, certificados médicos sin realizar pruebas, el presidente de una federación y principal acusado cuyos negocios privados están relacionados con la discapacidad, un periodista infiltrado y, por si faltara algo, 13 años para celebrar una vista debido a los continuos recursos y un desenlace que parece una broma, ya que todo se ha quedado en un acuerdo entre las partes; el principal acusado, expresidente de la Federación Española de Discapacitados Intelectuales, Fernando Martín Vicente, y el Comité Paralímpico Español. Tan sencillo como devolver 142.000 euros en concepto de responsabilidad civil por las subvenciones percibidas y pagar una multa de 5.400 euros. Nada más.
Todo empezó en 1998 cuando la Federación, preocupada por los resultados en campeonatos menores, decidió incluir a cuatro jugadores que no cumplían con las normas de discapacidad pero elevarían el nivel. Captados entre amigos de los entrenadores, como nadie dijo nada en el Eurobasket de Polonia participaron nueve jugadores sin discapacidad, y en Sidney 2000 -medalla de oro-, fueron diez los integrantes, capacitados para todo menos para estar en un equipo teóricamente formado por personas con un coeficiente intelectual por debajo de 70. Los diez falsos paralímpicos tenían la misma calificación médica: “Discapacitado intelectual con rasgos caracteriales”. Una psicóloga y una pedagoga, contratadas por el presidente federativo acusado, dieron el visto bueno sin realizar prueba médica alguna, según declararon ellas mismas en el juicio.
En total, 19 imputados entre miembros de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) y del equipo, estos últimos acusados de falsedad continuada. El engaño era tan clamoroso que hasta el entrenador pedía en el descanso de algunos partidos que bajaran el ritmo, “que nos descubren”.
Podría parecer un caso común de picaresca aderezada con avaricia y con la guinda de la soberbia, pero estamos hablando de personas discapacitadas, del espíritu olímpico y, por tanto, de un delito que va más allá de la participación y de los resultados porque existe una premeditación, una preparación, una ejecución y unos réditos en las subvenciones ingresadas durante varios años gracias a los logros deportivos.
A su regreso a España con la medalla de oro paralímpica la reacción del equipo fue bastante distinta a la alegría que suele haber en un aeropuerto en esos casos. La mayoría llegó tras una barba, con gorra y gafas de sol, queriendo pasar inadvertido. Nada de celebraciones.
Uno de los jugadores, periodista de profesión, desveló ese mismo año en las revistas Capital y Gigantes el fraude, y el Comité Paralímpico Español se personó como acusación particular por delitos de estafa y malversación pero, curiosamente, sólo obliga al acusado a devolver 142.000 euros por el dinero que se apropió de subvenciones y becas destinadas a los deportistas.
Entre las revelaciones del periodista Carlos Ribagorda figura la relación profesional del acusado con la discapacidad. La Fundación ANDE, creada por Martín Vicente hace 30 años, vive de ella con tres residencias de discapacitados intelectuales, centros de día, colegios para niños, centros ocupacionales, viviendas tuteladas… un gran negocio gracias a los contratos públicos que disfruta. Una las anécdotas más destacadas hace referencia a una subvención para jugar un torneo en Sevilla que se ha demostrado que fue aprovechada por personas mayores y sus acompañantes en un hotel mientras los deportistas se alojaban en una residencia de la Fundación ANDE.
Tal cúmulo de falta de escrúpulos y de ética, de jugar con los sentimientos y las personas lleva a preguntarse si el proceso ha servido para que no vuelva a producirse. Evidentemente se han puesto las bases para evitar nuevos fraudes con un método de evaluación médica profesional y fiable -aunque se habla de idénticos casos en otros deportes-, pero ni la sanción ha sido ejemplarizante ni la cantidad devuelta tiene demasiado que ver con el daño causado y con los beneficios conseguidos.
Una vez más parece demostrarse que con listos así los discapacitados seguirán siendo tratados como tontos en lugar de como las personas que son para el resto de la sociedad.
