Lo peor que tienen los altos dirigentes del PP es creer que su palabrería engañosa, perversión del lenguaje político, puede llegar a ser creída por una ciudadanía, a estas alturas, curada de espanto. Y me estoy refiriendo a las justificaciones del Presidente Fabra por el anunciado cierre de la RTVV, “No cerraré un colegio o un hospital por tener una televisión autonómica«. La contestación viene de cajón: ¿Qué tienen que ver los huevos con comer trigo?
A saber: el dinero de Sanidad, que mantiene los Hospitales, y el de los colegios, son partidas específicas que vienen de los Ministerios correspondientes, pero da la impresión de que hasta ahora, metían todos los dineros en un cajón para luego desviarlos para pagar las deudas acumuladas durante los años de gobierno Popular (de los que no voy hablar, ya que por todos los valencianos son conocidos sus despilfarros).
El proyecto singular de la RTVV, creado como instrumento normalizador de la lengua autóctona y generador de la industria audiovisual, empezó a morir el verano de 1995, cuando el PP de Eduardo Zaplana llegó a la Generalitat. Hasta entonces (se iniciaron sus emisiones en 1989 con Amadeu Fabregat como Director General) había logrado una audiencia del 21%, gracias al trabajo realizado por sus 687 trabajadores, y el gasto de personal suponía 25 millones. La gestión del PP y el dinero pagado a productoras externas se desbordó convirtiéndola en insostenible.
La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado sentencia y ha declarado nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radiotelevisió Valenciana, que afectó a cerca de 1.000 trabajadores, obligando al ente a la readmisión inmediata de los afectados. El fracaso sin paliativos, y el desenlace final, demuestran una gestión esperpéntica y partidaria.
El Consell decidió ayer cerrar RÁ dio Televisió Valenciana (RTVV) tras la sentencia que declara la nulidad de los ERE, justificándose en no poder asumir el gasto de la readmisión de los más de 1000 empleados, lo que suponía unos 44 millones al año. El Comité de Empresa dice tener un plan de viabilidad, que la prepotencia del Presidente de la Generalitat no ha permitido ni tan siquiera analizar… ¡Aquí mando yo y hago lo que me viene en gana!
Da la impresión de que no soportan el que les quiten la posibilidad de privatizar un nuevo servicio público que es de todos los valencianos y valencianas.
