El Canal de Panamá, mayor activo de nuestro país, patrimonio del pueblo panameño y por el cual tantos sacrificios, permanentemente, ha tenido la población panameña, desde hace más de 150 años, se encuentra ante una situación que exige no solo una alerta nacional y popular, sino también la necesaria unidad para enfrentar la codicia, la avaricia y la soberbia del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) y sus intereses foráneos y locales.
Foto: Adrian Lasso
De igual manera, la delicada situación en la que se encuentra inmersa la Autoridad del Canal de Panamá, constitucionalmente responsable del contrato comercial que, para la ampliación del Canal, se firmase en el 2009 con el consorcio extranjero y abiertamente antipanameño, que construye el multimillonario megaproyecto del tercer juego de esclusas, Grupo Unidos por el Canal (GUPC), integrado por la española, Sacyr Vallehermoso; la italiana, Impregilo; la belga, Jan de Nul y la panameña CUSA, quienes han redoblado sus amenazas, chantaje y extorsión contra el Canal de Panamá, que es patrimonio inalienable del pueblo panameño.
En efecto, en flagrante violación de lo contratado pretende suspender los trabajos de expansion del Canal que tanta sangre, sudor y lágrimas ha significado para el pueblo panameño y esto, no puede dehjar de ser visto como un atentado contra las aspiraciones nacionales en la lucha permanente por la identidad y soberanía nacionales.
El referéndum del 22 de octubre de 2006, se sustentó en la información que , entonces, hizo pública la ACP, para tal propósito. El grave atolladero que ha generado la amenaza de paralizar la obra por parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal es inaceptable. Los terminus y condiciones pactados dentro del contrato suscrito entre la partes, deben respetarse de manera integral e irrevocable. Por ello, es inaceptable la ingerencia politiquera del Ejecutivo y mucho menos que Ministros españoles o italianos, vengan a Panamá a “mediar” en un contrato privado y no estatal.
De igual manera, repudiables e intolerables son las expresiones que, en abierta injerencia indebida, ha proferido el Embajador del Reino de España en Panamá, Jesús Silva, autoarrogándose capacidad decisoria de algo que no le compete. Su soberbia y arrogancia debe ser rechazada nacionalmente y exigimos su retiro inmediato de nuestro país por ser una “persona non grata” para nuestro pueblo.
Resulta, igualmente, obligatorio que, a la mayor brevedad posible, la ACP haga de conocimiento público el avance real de la obra, todos los costos incurridos hasta el momento, los pagos efectuados y el dinero que se requerirá para llevar a feliz término el tema que nos ocupa.
De cumplirse lo antes dicho, seguro que se logrará la muy necesaria unidad nacional que la situación creada nos demanda, al igual que enarbolar las banderas para la defensa del patrimonio del pueblo panameño, que debe estar al servicio integral del desarrollo nacional, ante la ignominia foránea apadrinada por el cipayismo local y, saber honrar el significado histórico de la Gesta patriótica del 9 de enero de 1964.
