Hasta ahora estamos acostumbrados a ver como reaccionan todos los partidos arcaicos cuando algunos de sus cargos públicos son investigados judicialmente o incluso se les imputa: En primer lugar, silencio absoluto y cierre de filas, y después, mantenerlos en el cargo o incluso meterlos en listas electorales para que no pierdan el aforamiento, hasta finalmente, tras dilatar los juicios durante años y años, sean condenados y casi automáticamente indultados.
Los únicos en criticar y proponer soluciones a estos hechos eran los partidos nuevos, como UPyD o Ciudadanos, que al tener tan poca historia, no tenían casos de corrupción y por lo tanto no podían demostrar con hechos sus palabras.
Estos días me ha venido a la cabeza las palabras del entonces coordinador vasco de UPyD y candidato por Guipúzcoa al Parlamento Vasco, Nicolás de Miguel, en plena campaña electoral, sobre cómo no bastaba con denunciar los casos de corrupción de los otros partidos y de proponer medidas para combatirlos, sino que el día que ocurriese un caso en UPyD, que tarde o temprano pasaría, lo importante sería la reacción del partido, más que el propio caso en sí.
La reacción de UPyD ante sus primeros casos ya la pudimos comprobar el verano pasado, en Alcalá de Henares (Madrid), cuando se descubrió que sus concejales habían pagado con fondos públicos más de 7.000€ en comidas, y en Elda (Alicante), cuando se supo que uno de sus dirigentes había aprovechado su puesto en el ayuntamiento para adjudicar a dedo contratos por valor de 47.500€ a la empresa de su hijo. En el primer caso, apoyo incondicional del partido a los implicados y echarle la culpa a todos los demás. En el segundo, igualmente apoyo incondicional del partido al implicado y tirar balones fuera excusándose en que esos actos los cometió poco antes de ser afiliado y miembro del Consejo Local. Además ser acordó cambiar sus estatutos para poner a independientes en sus listas y así, en caso de que cometieran alguna ilegalidad, argÁ¼ir que no pertenecen al partido.
Por contra, esta semana hemos visto como ha saltado a la luz pública la noticia del primer caso en el que a un alto representante de Ciudadanos, el TSJC le investiga por un supuesto fraude fiscal cometido por la empresa del hermano de su exmujer antes de que existiera C´s. La reacción del diputado catalán Jordi Cañas ha sido mandar inmediatamente un comunicado a todos los afiliados y simpatizantes, convocar rápidamente una rueda de prensa aclarando los hechos y comprometerse a dejar su cargo público si deciden imputarle por algo o si prolongan las investigación indefinidamente y además ha renunciado ser el portavoz de C´s en el Parlamento Catalán para evitar dañar la imagen del partido.
Si Jordi Cañas es inocente o culpable, solo él lo sabe, aunque parece un poco sospechoso que trás haber descartado su implicación el año pasado tanto por parte del fiscal como de la jueza, justamente ahora, en precampaña de las Europeas y con el más que posible adelanto de la Autonómicas en ciernes, se le vuelva a investigar. Su rápida reacción me parece correcta y consecuente con la decisión tomada hace un mes por Ciudadanos de no llevar imputados en sus listas. Espero que el resto de partidos tomen nota, mejoren los mecanismos internos para erradicar la corrupción, incluida la ética, y que a partir de ahora cunda el ejemplo.
