Derrotar la ofensiva contra las pensiones públicas
A finales de 2014, el Gobierno de España informará por carta a todos y cada uno de los trabajadores mayores de 50 años qué pensión cobrará cuando se jubile. Y extenderá esa información a todos los trabajadores en los tres años siguientes, tengan la edad que tengan. ¿Servicio? En realidad, un programa para atemorizar a los trabajadores y que contraten planes privados de pensiones a la vista de la escueta pensión que percibirán en la mayoría de casos. El Gobierno lo niega, pero la patronal de empresas aseguradoras, que venden planes de pensiones, está muy satisfecha.
El Gobierno rebaja la pensiones, desligándolas del coste de la vida, aplicando el factor de sostenibilidad, retrasando la edad de jubilación, y enseña las insatisfactorias pensiones que la mayoría cobrará.
“Urgía” esta ofensiva programada contra las pensiones públicas en beneficio de las privadas porque las rebajas salariales y el desempleo han frenado los planes privados de pensiones en España. Y también porque el empobrecimiento que es parte de la crisis ha forzado a 100.000 españoles con planes privados de pensiones a retirar en 2013 un total 500 millones de euros de los mismos.
Por su parte, el ultraneoliberal Círculo de Empresarios pide reformar más las pensiones públicas, “con la misma valentía” que se hizo la reforma laboral. Y que el Gobierno actúe para que los ciudadanos sean “protagonistas” de sus pensiones, y no se “duerman” en la comodidad del Estado del Bienestar. Es difícil superar tanta desfachatez.
Foto: Bruno Unna
La ofensiva empezó en los 80 en los países anglosajones. Te rebajo la pensión pública porque puedo y tú ahorras de tu corto sueldo para contratar un plan privado de pensiones. Aquí, el Gobierno de Zapatero abrió la veda contra las pensiones públicas y el de Rajoy perpetra una contra-reforma del sistema de pensiones públicas para rebajarlas sin prisa y sin pausa año tras año. Más de 32.000 millones de euros en ocho años.
La profesora Miren Etxezarreta desvela que las aportaciones de los trabajadores a los planes de pensiones privadas son una estupenda inyección de dinero fresco para banca y fondos de inversión. Los mismos que financian los falsos informes dramáticos sobre el futuro de las pensiones públicas.
Es falso que las pensiones públicas sean insostenibles por una mayor esperanza de vida. Lo ha demostrado un informe de veinticinco economistas y juristas críticos como Juan Torres, Vicenç Navarro, Eduardo y Alberto Garzón, Etxezarreta. En España, el número de pensionistas se duplicó y más en los últimos cuarenta años y el sistema público de pensiones no tuvo problema alguno. Pero, contra esa evidencia, año tras año, “expertos” a sueldo de bancos y aseguradoras profetizan un colapso de las pensiones públicas que nunca llegó.
Lo expresa con cínica claridad José Herce, miembro de una empresa de inversión financiera. Sin rubor alguno reconoce que “lo que necesitamos desesperadamente es que las pensiones públicas se replieguen de una u otra manera para ampliar el espacio para las pensiones privadas”. Más claro, agua.
En honor a la verdad, el problema no es la insostenibilidad de las pensiones públicas. El problema real es que en España son insuficientes. El 54% de pensiones españolas no garantizan una vida mínimamente digna, porque es inferior al salario mínimo, y la pensión media en España es casi un 40% inferior a la media de la Unión Europea más desarrollada.
Pero hay solución. Anulando las progresivas reducciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social en los últimos años para empezar. Pero, sobre todo, cambiando el enfoque. Porque el sistema público de pensiones no ha de basarse en las cotizaciones sociales, que han de ser una fuente de financiación más y no exclusiva. Las pensiones públicas pueden y deben ser financiadas por los presupuestos generales del Estado. Y, para que los presupuestos sean suficientes, para empezar hay que acabar con el fraude fiscal y de cotizaciones: 90.000 millones de euros anuales. Además de que pague más quien más gana y más tiene. Un sistema de impuestos justos, progresivos y suficientes. Y no hay insostenibilidad que valga.
Percibir una pensión digna es un derecho. Eso dice el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y con los derechos no se juega ni puede haber medias tintas. Por eso hay que aumentar las pensiones públicas y blindarlas.
