Han bastado unos injustificables comentarios hirientes, y unas más que reprobables apreciaciones, por parte de un par de personajes con algún tipo de carencia intelectual, versados sobre la muerte de Isabel Carrasco, política profesional del PP y víctima de un acto de delincuencia común con aspectos oscuros, motivaciones nada claras y tintes de novela negra, para que vuelvan a salir a escena las desmedidas ansias por imponer el control gubernamental sobre las redes sociales. Y ese urgente, inaplazable y apremiante afán, que nos recuerda a actitudes de algún gobierno de ojos rasgados o a dictadores de otras épocas, hace que se expanda un amargo hedor que evidencia que estamos ante una decisión con tintes políticos y no, una vez más, ante una providencia que beneficie al interés general, como por Ley corresponde.
Dejando de lado la inmoralidad manifiesta que supone el hecho de percibir trece remuneraciones de diferentes pagadores en un país con unas escandalosas tasas de paro, lejos de un crimen con móvil político nos encontramos ante lo que mi madre denominaría como un “merecumbé cubano”, expresión cuyo significado nunca llegué a conocer pero que, sibilinamente, posponía mis necesidades de respuestas concretas. En el caso que nos ocupa, la receta estaba confeccionada a base de ingredientes tales como la creación “ad hoc” de innecesarios puestos de trabajo a cargo del erario público, tráfico de armas con presencia de yonquis como suministradores, posesión de sustancias psicotrópicas, íntimas amistades peligrosas, unas cucharaditas más que generosas de odio, un toque de clientelismo político posteriormente regado con un buen chorro de animadversión, media cucharadita de rencor y su correspondiente pizca de rabia. Con semejantes principios ya dispuestos, basta con mezclarlo todo, incorporar el inevitable toque partidista y ponerlo a fuego rápido. Para eso, nada mejor que la llama de un Gobierno que, con sus estrellas Michelin de la mayoría absoluta, confunde lo particular con lo general y decide tamizar todo aquello que no es de su conveniencia mediante el embudo de la demagogia y el colador de la interesada censura, ignorando que esperar la evaporación de los líquidos no va a convertir un crimen común en un atentado político.
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Censura que resulta curiosa y contradictoriamente interesada cuando, utilizando los mismos medios de difusión, el diplomático que ostentaba el cargo de Director Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, se permitió escribir en su cuenta la frase “Catalanes de mierda, no os merecéis nada” sin que, por lo visto, de ella pueda inducirse atisbo alguno de injuria, calumnia o incitación a la violencia o al odio. Según el Ejecutivo, no se le abrió ningún expediente “toda vez que los hechos que motivaron el cese/dimisión no están contemplados en la normativa disciplinaria que rige a los funcionarios de la Administración de Estado” y bastó con “castigar” al autor de tan inocente frase nombrándole Cónsul en Melbourne. Es posible que en la tibieza de la reprobación y en esa ceguera momentánea haya influido un nimio detalle y es que el diplomático –repito, diplomático, para aquel que todavía no pueda creer que lo sea– insulta a la sombra del mismo partido que pretende instaurar la censura en las redes y en el que coincidían, también, la víctima del suceso de León, la autora confesa y la supuesta cómplice o colaboradora.
De que la justicia no es igual para todos teníamos sobradas sospechas aunque, hasta hechos recientes, ignorábamos que ni siquiera en la muerte podremos alcanzar la equidad. Porque resulta de lo más paradójico y repugnante comprobar cómo, cuando la víctima o fallecido pertenece a la privilegiada estirpe, se movilizan ministros, barones, secretarios, portavoces y todo el resto de aparato mediático persiguiendo, con un cinismo en grado superlativo, intentar acallar todo aquello que rechine en sus oídos silenciando murmullos reveladores y tratando de justificar futuras leyes confeccionadas al abrigo de la hoguera de tanto despropósito moral. Ahora bien, cuando las víctimas de los ataque son otros y no pertenecen a su selectiva y elitista clase política, el desinterés, la indolencia y la dejación de funciones alcanzan sus más altas cotas. Utilizando la misma red social, desde hace ya demasiado tiempo, se ha venido insultando, vejando y amenazando hasta la saciedad, con la aquiescencia de los que ahora velan por el honor ajeno pero no están interesados en poner coto a tanto desmán, entre otras, a víctimas del terrorismo como Pilar Manjón o Irene Villa. La periodista Ana Pastor, en fechas recientes, relataba en una contraportada del diario El Periódico que, en su caso, tras haber interpuesto la pertinente denuncia, “la justicia decidió que “puta” no es un insulto y que pedir que te corten el cuello no es una amenaza”. Será que no todos somos iguales, finalizaba ella y, a la vista de los hechos objetivos, resulta que parece cierta la afirmación.
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Igualmente, resulta reseñable que, tan solo veinte días antes del asesinato de Isabel Carrasco, la Defensora del Pueblo diera traslado a la Fiscalía General, a instancias de una queja ciudadana, de la mezquina y cobarde frase que un usuario escribió en su página de Facebook en alusión al accidente de helicóptero en el que fallecieron cuatro militares, en acto de servicio durante el cumplimiento de su deber al servicio de la Administración. En el citado traslado se insta a la Fiscalía –hasta ese momento ciega, sorda y muda– a que determine si las aseveraciones fueran constitutivas de delito puesto que “dañan el honor de los fallecidos y desprecian el dolor de las familias”.
De todo lo anterior se infiere que cumplir con tu deber de forma honrada y fallecer en acto de servicio no tiene que suponer que quien tiene que velar por tu buen nombre, vaya a hacerlo, en todos los casos, precisamente en un país en el que, una vez más, las víctimas son hechos consumados y los culpables siempre presuntos. Pero, por añadidura, se puede deducir que ya existe un recorrido jurídico establecido con el que perseguir injurias, calumnias y demás delitos, sin que sea requisito indispensable el tener que modificar leyes con las que menoscabar la libertad de expresión de todo aquel que hace un uso correcto de las redes sociales. Únicamente es necesario actuar de forma ecuánime y no reactiva, velando por el interés de todas las víctimas, resultando, por tanto, absolutamente excesivo y pueril traer a colación escraches, terrorismo yihaidista o interesadas cabezas de turco con tal de justificar lo injustificable. Basta con dar el pésame, poner los hechos en conocimiento de quien corresponde y colaborar fielmente para que la Justicia actúe y persiga el delito, si lo hubiere.
Pero si lo considera oportuno, cuando salga usted de misa y haya intentado perdonar al presunto diplomático que presuntamente le lanzó insultos por su condición de catalán, Sr. Fernandez Díaz investigue en las redes sociales que suelo usar y, si en ellas encuentra alguna mentira, mándeme un sobre, aunque en su interior únicamente contenga una denuncia. Si encuentra el embuste, claro, no vaya a ser que vuelvan a obtenerse los mismos resultados que con el asunto de las armas de destrucción masiva, aquellas que, casualmente, tampoco han conseguido encontrar.
