Sta. PerpÁ¨tua de la Mogoda, 19 de septiembre de 2014.- Se sabía, pero ahora se ha materializado. La Generalitat, a través del Institut CatalÁ de Finances, ha entregado un préstamo de 8 millones de euros a Panrico y la empresa procede inmediatamente a despedir a 60 trabajadores/as más (ya van 104 este año, más 31 del pasado). ¡Un escándalo! Si la empresa tenía problemas financieros para pagar los despidos, ahora los puede hacer utilizando el dinero público.
La Generalitat había intentado por todos los medios que antes de dar este dinero hubiera una firma de acuerdo entre empresa y trabajadores para salvar la cara, pero los trabajadores/as se negaron a firmar los despidos, a pesar de las presiones también de la dirección de CCOO. Sin esa firma el conflicto sigue abierto. Mientras la empresa recibe dinero público para paliar los efectos de la huelga, los trabajadores llevaban los 8 meses de huelga sin cobrar y dos meses más para empezar a cobrar el ERTE en el que está toda la plantilla; los despedidos aun no han cobrado el 100% de las indemnizaciones, y la empresa ya anuncia beneficios para el 2015.
La absoluta complicidad de la Conselleria de Treball con los intereses del fondo buitre Oaktre, que gestiona Panrico, está sobre la mesa:
• Joan Mas, hermano del President Artur Mas, era consejero delegado de Panrico hasta marzo del 2014, y sigue hasta hoy al frente de otra marca del grupo, La Bella Easo. La Generalitat anunció en septiembre ayudas financieras para rescatar a Panrico, tema que motivó denuncias en clave parlamentaria por la relación de privilegio con la empresa.
• A pocos días del anuncio del inicio de la huelga el 13 de octubre, gran despliegue policial con furgones y más de un centenar de Mossos para forzar la carga y salida de 9 trailers con productos de la planta de Sta. PerpÁ¨tua paralizada por la huelga, con personal ajeno a la factoría, acto de esquirolaje contra el derecho de huelga.
• El 16 de octubre, Inspección de trabajo levanta acta de la entrada de camiones con productos Panrico que se venden en toda Catalunya y resuelve en diciembre que esto vulnera el derecho de huelga por lo que propone que la Conselleria inicie el proceso sancionador. En diciembre se acumulaban más de 50 actas que demostraban que diariamente entraban los camiones para abastecer el mercado catalán. La Conselleria paraliza al extremo la resolución del expediente y no aplica ninguno de los agravantes que son manifiestos, para acabar con una multa de 6.250 euros que aun no consta que se haya hecho efectiva, pero que paraliza los expedientes en curso.
• Los productos Panrico están a la vista en todas las grandes superficies, mercados y bares. Se presenta denuncia a Consum de la Generalitat por falsedad en el etiquetaje, porque en esos productos se dice en el envoltorio que están fabricados en Sta. PerpÁ¨tua (lo que es falso) y en muchas ocasiones se venden como productos catalanes de proximidad. La Generalitat paraliza el expediente.
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el ERE, en junio, la empresa reúne al comité de empresa para anunciar que está dispuesta a reducir el número de despidos si despide a los miembros del comité de empresa y elige el resto ‘a dedo’, es decir, si echa a los trabajadores/as que más se han significado en la lucha. Hasta Alvarez, secretario general de la UGT de Catalunya (que no convoca la huelga) pide que se contraste lo ocurrido y que actúe la fiscalía por la gravedad extrema del ataque antisindical que supone. Pero Treball no hace absolutamente nada. Como había anunciado la empresa, la lista de los 38 despidos son los compañeros/as más destacados en la lucha. En cambio los trabajadores sí que denunciaron ante fiscalía esta situación de represión sindical, denuncia que se encuentra en situación desconocida después de haber sido transferida de la fiscalía de Barcelona a la de Sabadell.
Para completar la situación, la empresa anuncia un ERTE para seguir castigando a los trabajadores/as, argumentando que la empresa no está en condiciones de producir tras la huelga –cosa absolutamente fuera de la legalidad de los ERTEs-, y a pesar de que ha sido la propia empresa la que voluntariamente redujo los servicios mínimos que debían asegurar el mantenimiento de la capacidad productiva y la vuelta al trabajo una vez desconvocada la huelga. La Generalitat calla.
A lo largo de los 8 meses, en lugar de mediar en el conflicto, la Conselleria de Felip Puig ha actuado como portavoz y refuerzo de Carlos Gila (Consejero Delegado de Panrico y experto liquidador de empresas como Sintel y La Seda), que opera desde Madrid. La Generalitat no sólo ha callado cualquier crítica a la empresa y bloqueado las acciones legales, sino que Felip Puig ha hecho públicas afirmaciones ofensivas e insultantes contra los trabajadores/as, haciendo coro a las que vertió la empresa a los medios de comunicación insinuando que los trabajadores podrían envenenar los donuts, mientras el derecho de huelga era sistemáticamente vulnerado. El cinismo de la Conselleria era manifiesto en el intento de desarmar a los trabajadores, cuando pedía una y otra vez desjudicializar el conflicto (esto es, que los trabajadores/as retiraran sus denuncias) mientras la Generalitat no hacía nada para cortar los abusos de la empresa. Para completar el cuadro, ahora premia a Panrico con 8 millones de euros.
Sí hay dinero para los fondos buitre.
La Generalitat acaba de anunciar que no tiene dinero para pagar medicamentos a las farmacias, tampoco para pagar las pagas extras de los funcionarios, de este diciembre ni las de los dos años anteriores, hace recortes en la enseñanza y la sanidad pública… pero sí tiene para entregar 8 millones a Panrico, es decir, al fondo de inversión americano Oaktre. Este fondo buitre, presidido por el multimillonario Howard Marks, tiene unos activos valorados en 63.591 millones de euros, de los cuales más de 13.000 están invertidos en empresas con problemas. Este verano ha hecho compras del Centro Comercial Gran Vía de Vigo por 115 millones de euros. Es escandaloso que con las grandes dificultades de financiación pública sí tenga dinero para que el banco público de la Generalitat entregue ese dinero a Oaktre.
El círculo se cierra con la entrega de los 8 millones. Esto debería ser motivo para que desde las direcciones sindicales y el comité de empresa que controla CCOO, se denunciara esta relación y el daño que ha hecho la Generalitat a los trabajadores/as en huelga, llamando a movilizarse en solidaridad con los despedidos/as y contra la entrega de dinero público para financiar los despidos de los y las trabajadoras.
