Tal como estaba previsto, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la consulta convocada por la Generalidad e igualmente, la abogacía del Estado presentó el recurso del Gobierno contra la Ley de consultas y la citada convocatoria, afirmando el presidente del Gobierno que “no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible”, con lo cual, jurídicamente, todo ha quedado lo suficientemente claro.
No obstante, son muchos los que opinan que la calle hervirá durante las próximas semanas. Según fuentes de CDC, a partir de ahora será la “sociedad civil” quien tome las iniciativas porque el proceso no se parará, con lo cual vienen a decir que el protagonismo ha sido trasladado a los partidos: CIU, ERC, ICV, y la CUP, conjuntamente con la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Omnium Cultural y otros organismos afines, responsables de mantener a flote la agitación popular y defender el 9-N.
Ante tan convulso panorama, lo lógico es que una mayoría de catalanes y residentes en Cataluña, se cuestionen qué ocurrirá a partir de ahora. Tanto por parte de la administración central como la autonómica, deberían elaborarse y difundir las oportunas medidas preventivas, aconsejando a la sociedad como deben proceder y reaccionar ante posibles imprevistos. Si supuestamente, por parte de la Generalidad, en fechas cercanas al 9-N, se montasen las mesas dotadas con los respectivos censos y urnas electorales para depositar el voto, y las fuerzas de seguridad, cumpliendo órdenes del gobierno Central ejecutasen el desmantelamiento y retirada de las mismas, la incertidumbre y el desconcierto sería total, y muy posiblemente se originarían considerables y peligrosos enfrentamientos entre partidarios y detractores de la independencia, situación sobre la que el Ejecutivo nada manifiesta.
Hasta ahora, lo único comentado es que como país democrático todo está reglado, pero no se alude ni contempla el que se produzcan disturbios, algaradas o manifestaciones violentas que puedan perturbar seriamente la convivencia ciudadana, cuando nadie ignora que hoy día, con la telefonía móvil y al golpe de SMS y/o Whatsapp cualquier tipo acción se programa y organiza en cuestión de minutos.
No se trata de alarmar ni supone desdoro alguno el establecimiento de las mencionadas medidas. Lo que sería un tremendo dislate es que sospechándose la existencia de un posible riesgo no se informase con la suficiente antelación. Sin ir más lejos, la ANC, ya está organizando protestas callejeras bajo la consigna de “nada ni nadie podrá detener el empuje de un pueblo decidido”, e igualmente concentraciones delante de los ayuntamientos como las realizadas el pasado martes, dándose lectura al manifiesto “Falta de democracia del Estado español”, colaborando también en el calentamiento del ambiente, el envío de cartas a profesores para que animen a sus alumnos a votar. Las bases de CIU y ERC están movilizadas a la espera de recibir consignas para participar en todos los actos diseñados sobre la marcha para estimular el fervor separatista. Lo previsto es presentar la respuesta ciudadana no como una batalla jurídica, sino política y a dirimirse en la calle.
Sin la menor duda, la secesión catalana esta provocando la degradación de la vida política española, unido a la consiguiente repercusión fuera de nuestras fronteras. Conviene recordar que en su momento, el desdichado Zapatero (PSOE), ya favoreció el independentismo, a lo que debe sumarse la pasividad demostrada desde hace dos años por parte del Gobierno de Rajoy. Al presidente le trastorna decidir y ya no digamos el prevenir, lo que ha venido a demostrar que eludiendo permanentemente nada se soluciona. ¿A qué espera don Mariano para convocar una gran campaña reivindicando la indisoluble unidad de España?
A todo esto y como nota discordante y fea, en el hipotético caso de celebrarse la votación en alguna de las mesas ¿Quiénes actuarían como interventores? ¿Miembros del PP y Ciudadanos? Es patético lo que nos está ocurriendo, ridículo el que estamos haciendo y muy triste el dinero que se está dilapidando. Esperemos que aparezca algún “mente clara” en el Gobierno, capaz de aportar una idea luminosa para abortar esta parida, que de tanto eludirla y posponerla se ha convertido en la policéfala alimaña de la “Hidra de las siete Cabezas”. Mire don Mariano, los más críticos con su gestión le acusarán de dictador, tirano y fascista, mientras que otros, más moderados, entre ellos algunos de su partido, le tildarán de incompetente, inútil e indolente. Nuevamente la promesa se empecina en nominarle como “Mariano el Breve”.
