Auditar la deuda pública
La deuda pública o megahipoteca nacional ha alcanzado en España, durante el tercer trimestre de 2014, un récord histórico nunca visto antes: 1.020.236 millones de euros (un billón de euros), superando el 100% del PIB.
Ello quiere decir que para hacer frente al pago de los acreedores, no alcanzaríamos con toda la producción del país de un año completo. Traducido al román paladino, significa que tenemos hipotecada la vida de varias generaciones. En la última etapa de Rodríguez Zapatero la deuda pasó del 40,2% del PIB (2008) al 70,5% del PIB (2011).
El actual presidente ostenta la deshonrosa plusmarca de haber recibido un déficit del 70% y haberlo elevado por encima del 100%.
Lo incomprensible de este maremágnum es que a pesar de haber aplicado un plan de recortes y ajustes desmesurado, un plan que ha significado el desmantelamiento de los derechos laborales, la bajada de sueldos a niveles inimaginables, la castración de la clase media, la eliminación de parte del estado del bienestar (sanidad, educación, dependencia y cultura), apelando a la necesidad de controlar el gasto y enarbolando la bandera de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, la conclusión, la síntesis, es que en el periodo 2007-2014 no solo no se ha reducido el endeudamiento frente a terceros, sino que se ha multiplicado por 2,5 el pasivo del Estado (habiendo pasado de 382.000 millones al billón de euros actuales).
Llegados a este punto y con el dolor generado en la población, resultado de los draconianos planes de ajuste aplicados por el Gobierno y emanados de la Comisión Europea, el BCE y el FMI, es lícito que la ciudadanía exija una auditoría de la deuda para poder entender qué ha pasado. Hay que dar respuesta a varias preguntas fundamentales:
- ¿Cuál es el origen de la deuda pública y su composición?
- ¿Quiénes son los tenedores de la deuda?
- ¿Cómo se ha gestionado la fuente financiera que ha llegado al país?
- Y ¿cuál ha sido el destino de tantos miles de millones de recursos públicos?
Foto: MundoDo
La transparencia en esta situación es fundamental y el sacrificio de la población lo reclama, más aún cuando los intereses (solo los intereses) de la deuda alcanzarán este año la nada desdeñable cifra de 37.000 millones de euros, que es tanto como seis veces el presupuesto estatal conjunto de los Ministerios de Sanidad, Educación y Cultura.
La auditoría de la deuda podría servir para identificar posibles incrustaciones de deuda odiosa o ilegítima en el conjunto de la deuda externa española. La deuda ilegítima es aquella deuda emitida por las administraciones públicas cuyos fondos se destinan no a sufragar gastos operativos corrientes o de capital, sino a ser nuevamente prestados a terceros ad infinitum o a usos indebidos o ilegítimos (rescates bancarios innecesarios, concesión de favores a oligopolios, obra pública inútil, inversiones con sobrecostes, etc.).
Podríamos llevarnos una gran sorpresa si tras una auditoría se descubriese, por ejemplo, que parte de los acreedores de la actual deuda española fueran personalidades tan relevantes como Luis Bárcenas, la familia Pujol o el Duque de Palma. Mayúsculo sería el desconcierto si esta auditoría pusiese sobre el tapete que parte de estos títulos han sido adquiridos por Bankia y a quien hemos rescatado es, a la vez, nuestro acreedor. ¿Qué hacer ante hipotéticos casos como estos? De ahí la necesidad de poner en marcha el mecanismo de la auditoría de la deuda con el fin de evaluar la posibilidad de catalogar a parte de la misma como ilegítima u odiosa. Otra cosa bien distinta es proclamar la declaración de default o suspensión de pagos. Eso son palabras mayores que requieren de una meditada y sopesada estrategia.
El saqueo organizado al que han sometido las entidades financieras y las grandes multinacionales a los todavía Estados, amparadas por la Troika Financiera (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional), debe de tener una respuesta de similar intensidad al dolor impuesto a la población.
Hay que traer a colación el hecho de que parte de la banca ha sido rescatada con dinero público (FROB, SAREB, etc.), y es esta misma banca rescatada la que obtiene prestado dinero público del BCE (quien por el Tratado de Lisboa, no puede prestar dinero a los países comunitarios, sino directamente a los bancos) a un tipo actual del 0,5% y en un “más difícil todavía” esta banca privada es la que adquiere parte de la deuda pública emitida por los Estados, eso sí, a tipos que han venido oscilando del 4% al 7%, obteniendo el diferencial de intereses al que adquieren las distintas emisiones de títulos con riesgo cero. La cuadratura del círculo.
De ahí que la auditoría de la deuda se ha convertido en una exigencia de ineludible cumplimiento por parte de cualquier gobernante al que le quede algo de dignidad y vergüenza.
