La Junta de Andalucía, la administración desde la que se gobierna la comunidad autónoma, tiene carcoma y los responsables de ello son los inquilinos que hasta la fecha han ocupado aquellas instalaciones de forma exclusiva. No se trata de una afección aislada de fácil curación con las normas y los procedimientos habituales, sino de una enfermedad crónica que invade ya la estructura vital del organismo autónomo, poniendo en serio peligro su integridad, medida en la confianza que genera en los ciudadanos. Todos coinciden en el diagnóstico y la etiología del problema: la Junta está carcomida y la responsabilidad es de los socialistas que no la han cuidado como merece.
El último síntoma de ese mal es el envío a prisión del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, imputado en el feo asunto de los ERE fraudulentos y acusado de cometer seis delitos, entre ellos el de malversación de caudales públicos y cohecho. En la cárcel le aguardaban entre rejas su subordinado Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, y su exchófer, Juan Francisco Trujillo, quien no tuvo reparos en declarar que había comprado cocaína para él y su jefe con el dinero que debían administrar para la concesión de ayudas sociolaborales.
Es la primera vez que se encarcela a un exconsejero de la Junta de Andalucía por un caso de corrupción en democracia. No es que no existieran conductas reprobables entre los políticos de la región (según muchas listas, hay decenas de ellos imputados), sino que jamás esta lacra había alcanzado a responsables de tan elevada posición, como la de este exmiembro del Gobierno autónomo. Y ello es grave porque denota hasta qué punto la carcoma está corroyendo toda la estructura de poder en la Comunidad, amenazando incluso a la propia cúspide del Gobierno andaluz, como advierte la juez instructora del caso, Mercedes Alaya, en el auto de prisión del exconsejero: “la política no puede ir contra la ley y el derecho”.
La atracción de parásitos que ejerce todo ambiente propicio a la infección, como la existencia de ingentes cantidades de dinero con escaso control, es un efecto conocido que se combate con profilaxis higiénica. La trama de los ERE pone de manifiesto la absoluta falta de mecanismos de supervisión y la inexistencia de estrictos controles en el manejo de fondos millonarios destinados a las ayudas a empresas y trabajadores en dificultades, posibilitando un uso discrecional y fraudulento de los mismos por delincuentes contra los que no se ha sabido o no se ha querido hacer prevención profiláctica. Ese “absoluto descontrol” es, precisamente, lo más repugnante del asunto porque evidencia una intención por esquivar el cumplimiento de la ley en el uso “grosero” y arbitrario de los caudales públicos.
Los andaluces han castigado a los socialistas en las recientes elecciones autonómicas, pero dejándole la posibilidad de seguir gobernando en coalición con los comunistas. Probablemente, si la juez hubiera adelantado el encarcelamiento del exconsejero para antes de las elecciones, el resultado del PSOE no habría sido muy diferente. A pesar del escándalo mayúsculo que representan los ERE, la derecha no ha podido conquistar el poder en la mejor de sus oportunidades. Pero el reto que aguarda a los socialistas es ciclópeo, no tanto por la crisis económica que tendrán que capear, sino por la ineludible limpieza que habrán de acometer en la Junta de Andalucía para eliminar la carcoma que parasita sus entrañas. Los ciudadanos podrán soportar -no tienen más remedio- que la economía imponga restricciones y dificultades, pero lo que no consentirán es que la putrefacción se extienda a todo el organismo de autogobierno de la región, en perjuicio de Andalucía y su población. Han desconfiado de las recetas que prometían milagros contra esta enfermedad por parte de quienes tampoco la han erradicado allí donde podrían hacerlo, dando la última oportunidad a los socialistas. Más que contra la economía, los socialistas andaluces se la juegan contra la corrupción. Y como no sean capaces de extirpar la carcoma y Antonio Fernández no sea el primer y último consejero que acaba con sus huesos en prisión, lo tendrán muy difícil para conservar el gobierno de Andalucía. Pero lo que es peor, la Junta quedará por años muy debilitada en la consideración de sus representados. Su estado es de suma gravedad.
