A propósito de nuestro escrito sobre la estrategia-K para corromper la ciencia argentina, no preguntábamos ¿cuál ha sido el motivo para que en la distribución de los subsidios de la Agencia o ANPCYT se menospreciaran los Centros e Institutos de Investigación universitarios o extra-universitarios y por el contrario se privilegiara un listado selectivo y concentrado de Investigadores en forma individual o grupal?
Si bien esta estrategia selectiva fue iniciada en la segunda presidencia de Menem por el Secretario de la SECYT Juan Carlos Del Bello, la misma fue acentuada con posterioridad, y en especial durante el período K por la gestión Barañao, quien ha considerado que su responsabilidad es la de «contribuir a crear empleo» y no la de desarrollar la comunidad científica. Pero insistimos ¿A que razones se debe la adopción de esta estrategia individualizante? ¿Acaso son las instituciones científicas menos confiables que ciertos y determinados investigadores individuales seleccionados por el Poder Ejecutivo? O, por ventura, ¿son las instituciones de la ciencia más vulnerables a las presiones políticas que los investigadores individuales?
Finalmente, ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones académicas o por el contrario, es aconsejable hacerlo con los investigadores en forma individual? ¿Cuál de las dos estrategias es más susceptible de caer en la corrupción, la simulación, la hipocresía, la genuflexión, el oportunismo, la indiferencia moral y la autocensura o miedo a expresarse libremente; o cual de las dos se presta más al favoritismo, el acomodo y el patronazgo? Más aún ¿Cuál de las dos estrategias propicia mas el desarrollo de las oportunidades y la creatividad y la originalidad científicas, cuál impide la «inflación curricular artificial» derivada del axioma de publicar o perecer, cuál evita la fuga de cerebros, y cuál alienta mas las libertades académicas, el espíritu de colaboración y la autonomía de las universidades e instituciones científicas?
Por otro lado, también nos preguntábamos ¿Cuáles han sido los motivos para que en la asignación y revocación de los jueces del Poder Judicial se instaurara un Consejo de la Magistratura dependiente de una Comisión inter-parlamentaria, y en materia académica y científica los docentes e investigadores universitarios o extra-universitarios carecieran de un organismo semejante a nivel parlamentario? ¿Acaso son los jurados o tribunales académicos de origen parlamentario menos confiables que los designados por el Poder Ejecutivo? O, más bien, ¿son acaso los jurados o tribunales académicos de origen parlamentario más vulnerables a las presiones políticas que los designados por el Poder Ejecutivo? Y, por último ¿es preferible consolidar y potenciar las instituciones parlamentarias o por el contrario, es preferible hacerlo con las del Poder Ejecutivo?
Creo que todos los colegas de lo que queda de la comunidad científica argentina deberíamos discutir y polemizar acerca de estas estrategias y evitar los agravios y las chicanas personales, que a nada conducen.
