EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Creo que el titular hubiera quedado mejor si hubiera sido el de “Actitud ante los que imparten justicia” pero creo que queda demasiado largo y por ello he decidido adoptar el que figura en cabecera.
Después de la resolución adoptada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) y de otro, a uno le queda una cierta duda en lo que respecta a que es lo que debe uno tener presente en el momento de decidir cuál es el sentimiento que debe sentir ante los que imparten la justicia y ante ello se plantea si ese sentimiento debe ser de respeto, de miedo, de inseguridad, de desconfianza o de incredulidad. A quien se haya leído, como yo, el auto emitido por el presidente del TSJV y otro, no hacer falta ser ningún experto para percibir el alto grado de infantilismo que los autores adjudican a los ciudadanos que asuman el contenido del auto, quien se lo haya leído, repito, suscribe todas y cada una de las críticas que personas expertas en estas cuestiones han puesto de manifiesto.
En el diario Información de Alicante, en su edición del pasado día 5, se publicaba un artículo firmado por Luis Segovia López, magistrado jubilado, sobre el que ya he hecho referencia en uno de mis anteriores comentarios, en el cuál y entre otras cosas el autor afirmaba refiriéndose al contenido del auto: “Son de esas resoluciones que conforme se van leyendo van dando vergÁ¼enza ajena”. El mismo diario y en su edición del pasado día 11, se publicaba un artículo titulado “Archivo injustificado. Recurso pendiente” firmado por el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, José María Asencio Mellado, y refiriéndose también al auto dictado por De la Rúa y otro, decía lo siguiente: “La resolución, que va y debe ser recurrida, deja claro que Camps y los demás pudieron recibir regalos de unos señores que el TSJ de Madrid califica como “profesionales del cohecho”, que están en prisión preventiva imputados de múltiples delitos, que no son simples particulares desinteresados, sino presuntos delincuentes que se han enriquecido contratando con administraciones, entre ellas la valenciana, de la que los ahora absueltos son sus máximos responsables. Existen los regalos y existen los que los han procurado. No se trata, pues, de hechos y sujetos inocentes, sino muy graves y que no debieron ser ignorados por el TSJV en su ingenua e irresponsable, por sus efectos de futuro, resolución”. Esos efectos que el catedrático de Derecho Procesal no enumera pueden ser perfectamente los que señala en magistrado Luis Segovia López, cuando en su artículo titulado “Caso GÁ¼rtel: soborne a los jefes” dice: “Así que constructores, contratistas y concesionarios podéis regalar dinero, joyas, coches y trajes a concejales, diputados nacionales y autonómicos y senadores (del partido en el poder, claro) que eso no es delito de cohecho, lo dice el TSJ valenciano. ¡Qué disparate!”. Esto no lo piensa solamente el firmante de dicho artículo, con resoluciones como las adoptadas por De la Rúa y el otro es muy posible que los chorizos no tengan que pasar el “control sanitario” y que puedan “comercializarse” a lo largo y a la ancho de esta enorme charcutería en cuyo rótulo figura, como nombre comercial, “Charcutería España”.
