El Gobierno anunció a finales de la semana pasada la ayuda de 421 euros para los desempleados que hayan agotado su prestación y cuyos ingresos no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, los 468 euros, durante un período máximo de 180 días.
Así anunciado parece una medida adecuada, interesante y necesaria para ayudar a subsistir a aquellas familias que se han quedado sin ingresos de ningún tipo al finalizar el período de recepción de la prestación por desempleo.
Sin embargo, en cuanto se analiza con cierto rigor la ayuda se descubren errores de concepto y errores de metodología que convierten una medida correcta en una medida insuficiente, en migajas para el pobre.
En primer lugar, existe un error evidente a la hora de determinar el período a partir del cuál se puede recibir la ayuda. El Gobierno ha fijado como inicio el día 1 de agosto y como fin el 15 de febrero de 2010. Por tanto, todo aquel ciudadano que se quede sin prestación durante estos seis meses y cumpla los requisitos de renta podrá acceder a esta ayuda. Pero, ¿qué sucede con todos los que se quedaron sin prestación anteriormente?
No hay duda de que hay que marcar una fecha de comienzo y una fecha de finalización para evitar que una ayuda social se convierta en una sangría para las arcas públicas. Sin embargo, hay un error de concepto en las fechas. Un ciudadano que finaliza su prestación hoy ha disfrutado de ese ingreso durante unos meses, en los que habrá tenido que utilizar parte de sus ahorros, aunque no todos, mientras que un ciudadano que finalizó su prestación hace 6 meses lleva todo ese período de tiempo viviendo de sus ahorros, si los tenía, con lo que ahora mismo se ha quedado absolutamente sin nada.
Por tanto, el inicio del fin de la prestación se debía haber fijado unos meses atrás, aunque se hubiera mantenido el período de vigencia de 6 meses, porque con las fechas marcadas en el decreto se está ayudando a gente que lo necesita, pero menos que otros.
En segundo lugar, la incompatibilidad de percepciones condena a la ayuda a ser un programa de mínimos. Todo aquel ciudadano que quiera beneficiarse de estos 421 euros deberá dejar de percibir cualquier otra ayuda que estuviera recibiendo con anterioridad, lo cuál roza lo ridículo y atenta contra la esencia del decreto.
Si partimos de la base de que este decreto intenta otorgar una renta mínima a los que carecen de ella, ¿qué mejor que pemitir la compatibilidad de ayudas para que sumando todas se pueda obtener una renta digna? No se puede estar en misa y repicando, y el Gobierno aquí tiene miedo de que las arcas públicas se vacíen demasiado rápido, por lo que busca ahorrarse por un lado lo que da por otro, lo cuál es claramente ineficiente, desde un punto de vista social.
En tercer lugar, la recepción de la ayuda obliga al receptor a comprometerse a participar en un programa de inserción laboral que le permita volver a entrar en el mercado laboral a la mayor brevedad posible. Este compromiso es un acierto, pero debería de ser extensivo a todos los desempleados de este país. De hecho, parte del dinero que el Gobierno se va a gastar en subvencionar el desempleo lo podía dedicar a ofrecer cursos de reinserción laboral a todo aquel que lo necesite de manera gratuita.
Con programas y cursos de reinserción se beneficia toda la sociedad, mientras que con prestaciones personales y ayudas individuales sólo se beneficia la persona que lo recibe y solo durante el tiempo que lo recibe. Los esfuerzos deberían dirigirse a labores de educación, formación y reciclaje que permitan el trasvase de sectores económicos y ayuden a la disminución de las tasas de desempleo.
Por tanto, una medida interesante y necesaria, pero que debido a la improvisación, clientelismo y demagogia política que caracterizan a nuestro Gobierno se queda en migajas para el pobre y no soluciona nada.
Ahora, con otros países saliendo ya de la crisis, es el momento para que el Gobierno de un paso al frente, diga aquí estoy yo, y comience a tomar medidas ejecutivas, por encima del rédito electoral que éstas le puedan otorgar.
