Sitel. El primer paso hacia el totalitarismo

«Agresión institucional contra la libertad y contra los derechos fundamentales de las españoles». No puede tener otro calificativo ni otra interpretación, Sitel es un «atentado contra nuestra libertad», y quienes lo han puesto en marcha sin las suficientes garantías es porque desde hace un tiempo, de un modo u otro «persiguen el control de las comunicaciones». El sistema Sitel es capaz de interceptar todas las llamadas de teléfonos fijos y móviles, de sms, así como localizar de dónde se llama, el tiempo empleado en la comunicación, y quienes son la personas que están intercambiando información, incluso a través de Internet. Estamos presenciando el paso previo, o al menos el intento, hacia la plena concentración del poder. El control político del sistema de escuchas sólo es posible en una dictadura.

Si nuestros actuales representantes políticos no son capaces de respetar el derecho a la libertad y secreto de las comunicaciones, el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas, el derecho a la protección de datos, o el derecho a disponer de una información independiente, el derecho a una igualdad real ante la ley que signifique que los mismos delitos tienen las mismas penas y que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, entre otras cosas, ¿por qué no podemos pensar los ciudadanos que esto cada vez más se parece a una dictadura encubierta o a alguna pantomima de democracia? Y tras los sucesivos escándalos políticos por apropiaciones indebidas, ¿por qué no vamos a pensar que nuestros actuales representantes políticos en su gran mayoría sólo están para vaciarnos los bolsillos, en vez de para defender nuestros intereses?

Independientemente de lo que piensa el actual Gobierno socialista, o de lo que en su momento pensaba el PP cuando estuvo al frente del Gobierno y no reguló el funcionamiento de Sitel, y que ahora exige con vehemencia. Independientemente de todo, ambos partidos políticos tienen la misma responsabilidad porque ambos supieron de su existencia y no han hecho nada para garantizar los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, o al menos no lo suficiente para controlar un posible uso fraudulento del sistema de escuchas. O los actuales responsables del PP son «tontos de capirote», y sólo cuando le ven las orejas al lobo deciden actuar, o es que «nos toman a todos por imbéciles». Ni que decir del Gobierno, pero su actuación se entiende aún más, pues el socialismo se caracteriza por ser un sistema intervencionista que pretende controlar al ciudadano y suprimir su voluntad, y para ello no duda en utilizar todo el poder coercitivo que el poder le ofrece, aunque sea de forma arbitraria, porque su fin último es modificar el orden social a cualquier precio.

Puede que el sistema Sitel sea legal, de hecho lo es, por el simple hecho de estar regulada por una ley ordinaria (Real Decreto, o decretos leyes para otros países), pero esto no es suficiente. En muchas dictaduras también han habido leyes de este tipo e incluso de rango superior, pero totalmente arbitrarias y que se saltan a la torera todos los derechos fundamentales de las personas. Los ciudadanos deberían tener claro que lo que distingue una dictadura de una democracia es el grado de compromiso de sus políticos y las garantías que las leyes que promulgan otorgan a nuestras libertades fundamentales y derechos civiles. Y en este caso, como en muchos otros, al margen de que el uso de las escuchas pueda justificarse en que su cometido es capturar malhechores, los ciudadanos tenemos que ser conscientes que de un tiempo a esta parte, con ese mismo argumento estamos perdiendo progresivamente libertades.

Los ciudadanos estamos totalmente desprotegidos frente a un Gobierno y una oposición que tienen o tuvieron, todos los medios del poder como para impedir que se pusiera en marcha este sistema de escuchas sin las garantías suficientes. Son ellos, los políticos actuales, a quienes hemos elegido supuestamente para que velen por nuestras libertades individuales, entre otras cosas, y no para que acaben por conculcarnos nuestros derechos fundamentales. ¡Los partidos políticos deben rectificar y de inmediato! Deben apoyar una Ley que regule los posibles abusos que se puedan dar con el sistema Sitel. Nuestros jueces tienen el deber y la obligación moral de impedir por todos los medios su utilización fraudulenta, deberían investigar concienzudamente todas las actuaciones realizadas hasta el momento con este sistema de escuchas y hasta que el asunto no haya sido perfectamente regulado, impedir que se siga utilizando sin previo mandato judicial. Es la única manera de garantizar nuestros derechos ciudadanos y recuperar parte de la fe en el sistema. No hay que olvidar que bastante controlados estamos ya. Recordemos que hoy mismo vence el plazo para entregar nuestros datos necesarios para poder seguir haciendo uso de los teléfonos móviles de pre-pago, que con el DNI electrónico pueden saber todo lo necesario acerca de nosotros, ni que decir de nuestros datos fiscales, seguridad social y demás. Ya es hora que los ciudadanos empecemos a llamar las cosas por su nombre.

Gunther Zevallos