El Defensor del Pueblo Andaluz ha comunicado a Ecologistas en Acción que la Consejería de Medio Ambiente (CMA) sigue sin contestar a las propuestas que le remitió en relación con la negativa del Presidente de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema y de la delegada de Cádiz de esa Consejería de elaborar un informe sobre la situación urbanística de este espacio protegido.
El pasado mes de junio el Defensor del Pueblo resolvió la queja interpuesta por Ecologistas en Acción por el boicot del presidente de la Junta Rectora, Antonio Perales, y de la Delegada de la CMA, dando la razón a los ecologistas al entender que ese órgano es competente para investigar las ilegalidades urbanísticas en el Parque Natural, y que el Presidente debe cumplir los acuerdos adoptados por este órgano de participación.
Ecologistas en Acción propuso en la Junta Rectora la elaboración de un dictamen sobre el cumplimiento de la legalidad urbanística en los municipios del Parque Natural, pero los responsables de la CMA intentaron por todos los medios obstaculizar esta propuesta. Cuando la Junta Rectora aprobó la realización de ese dictamen en octubre de 2006, hace ya tres años, el presidente se negó incluso a que se tratara este tema en las sucesivas sesiones de la Junta Rectora, por lo que los representantes de Ecologistas en Acción decidieron abandonar este órgano y presentaron una denuncia ante el Defensor del Pueblo.
Tras un año de tramitación de esta queja, en la que han abundado las obstrucciones y dilaciones de la CMA, José Chamizo nos remitió el pasado mes de junio la Resolución de la misma, en la que se nos daba totalmente la razón en base a las siguientes consideraciones:
· Recuerda a la CMA que la Junta Rectora tiene encomendadas «funciones de control y vigilancia; debe velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural; puede requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural que estén relacionadas con la gestión y conservación del espacio; y, en general, puede realizar cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para Parque Natural Sierra de Grazalema».
- Entiende que la propuesta de Ecologistas en Acción pretende «la elaboración de un estudio que sirviese de sustento para ejercer, con la suficiente solvencia, las funciones que le son encomendadas ex lege, entre las que se encuentran las de control y vigilancia y la de velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural».
- Considera que el presidente tenía que haber tratado en la Junta Rectora la propuesta de Ecologistas en Acción sobre los objetivos, contenido y metodología de la elaboración del informe urbanístico.
- Desenmascara las argucias esgrimidas en los supuestos informes jurídicos de la CMA para justificar una supuesta ilegalidad del informe, entre ellas que Ecologistas en Acción pretendía que la Junta Rectora realizara funciones de policía. Chamizo deja claro que «no puede más que mostrar su desacuerdo con la afirmación recogida en el informe en el que se indica que la asociación ecologista pretende crear una Comisión que realice labores de investigación en el sentido de policía».
- Apoya las demandas de información y documentación realizada por Ecologistas en Acción por entender que «los miembros de un órgano como la Junta Rectora, a la que la Ley encomienda velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del espacio protegido, tengan garantizado el acceso a la información y documentación que resulta esencial o adecuada para el desempeño de sus funciones».
La Resolución terminaba con la siguiente recomendación: «Trasladar el contenido de esta Resolución a la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema a los efectos de que se tome conocimiento de los criterios mantenidos por esta Institución; se valore la conveniencia de debatir suficientemente los parámetros de la queja de Ecologistas en Acción, referidos a la Comisión de Trabajo anteriormente señalada, y se acuerde aportar a los representantes de la asociación ecologista la información requerida».
Pues bien, transcurridos cinco meses de este requerimiento la Junta de Andalucía sigue sin contestar al Defensor del Pueblo y la Junta Rectora sigue sin convocarse a pesar e la solicitud expresa de los presentantes ecologistas.
Ecologistas en Acción considera muy grave los incumplimientos de las competencias de la Junta Rectora que viene fomentado Antonio Perales y Gema Araujo, y el desprecio a las propuestas del Defensor del Pueblo. Ecologistas en Acción se va a dirigir a la consejera de Medio Ambiente exigiendo el cumplimiento por parte del presidente de la Junta Rectora y de la delegada en Cádiz de la CMA de los acuerdos de esta Junta Rectora, una actuación firme en contra de la especulación y la corrupción urbanística y una respuesta clara de apoyo a las propuestas del Defensor del Pueblo. Caso contrario, solicitaremos la destitución de estos dos responsables públicos por su manifiesto incumplimiento de las normas de protección de este Parque Natural, y por su desprecio a la participación ciudadana y a la propia institución del Defensor del Pueblo.
