Cada año que pasa, las celebraciones del Día de la Constitución se le antojan a uno como la constatación de que España se encuentra en una situación política cada vez más complicada.
Este año, han sido los nacionalistas catalanes los que más han atacado al orden constitucional del Reino de España. Su Estatuto de autonomía reformado hace cuatro años y aprobado por los catalanes en un referendo con la más baja participación electoral registrada hasta aquella fecha en Cataluña y, por tanto, con una legitimidad democrática más que discutible al contar sólo con el voto favorable del 36,51% de los catalanes con derecho a voto y siendo mayoría los que se abstuvieron de ir a votar, aún está pendiente de una decisión definitiva del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de algunas de sus disposiciones manifiestamente inconstitucionales.
No es de recibo que el alto tribunal no haya sido capaz de tomar una decisión objetiva sobre un asunto de tanta importancia, ya que los estatutos son la norma fundamental inmediatamente inferior a la Constitución. 
De hecho, el gobierno tripartito catalán aplica dicho Estatuto sin esperar siquiera una decisión del Tribunal Constitucional, al que considera incompetente para decidir sobre los asuntos catalanes. Y no bastante con esto, la presidente del Tribunal Constitucional no sólo lleva más tiempo del permitido en su cargo, que debía haberse renovado hace ya tiempo, sino que además es sospechosa de connivencia con el entorno etarra y con los nacionalistas catalanes para los que su marido hizo un informe altamente remunerado sobre cuestiones en los que juegan intereses creados de los que se debería mantener alejada la máxima responsable del tribunal en cuestión. Foto: Sanción de la Constitución por S.M. el Rey.
Igualmente preocupante es que el gobierno de la nación no hace otra cosa que dejar pasar todo lo que se permite el tripartito catalán. Es manifiesta la intención del gobierno de Zapatero de apoyar cualquier movimiento que debilite la unidad nacional y el orden constitucional. Que se consienta al gobierno autonómico catalán cualquier exceso legal y que se mantenga a una presidente del Tribunal Constitucional sólo con tal de seguir controlando la mayoría de dicho órgano de decisión es una parte de la actitud irresponsable del gobierno. Otra que se ha sumado estos días a muchas otras actuaciones legislativas de los socialistas es que se intente restringir cada vez más las libertades individuales alegando intereses supremos como los derechos de autor. Perseguir el uso fraudulento de propiedad intelectual ajena no puede justificar en ningún caso la intervención restrictiva o censora en los medios de comunicación como son los sitios de Internet o los blogs, menos aún saltándose la mínima garantía legal que son los tribunales que deben dictar cualquier decisión de cierre o embargo de cuentas en Internet.
Cuando un estado pierde la capacidad de velar por el orden constitucional y las libertades públicas e individuales por medio de la actuación de órganos independientes del ejecutivo y del legislativo, se pone en serio riesgo todo el orden democrático de libertades encaminando al país hacia una dictadura atroz. Al combinar esta deriva antidemocrática con la pérdida constante de valores y la introducción de medios de vigilancia extrema de la vida privada de los ciudadanos (véase Sitel), la situación se vuelve aún más preocupante. Foto: Los ponentes de la Constitución.
En este trigésimo primer aniversario de la Constitución Española de 1978 el panorama es bastante desolador. Pocas son ya las actividades de los partidos y de las instituciones para festejar los logros que supuso la Carta Magna en 1978, porque definió sobre todo los derechos fundamentales de un pueblo que quería vivir en libertad y con garantías democráticas.
Sólo un partido defiende con entusiasmo y decisión la Constitución: C’s – Ciudadanos. El Partido de la Ciudadanía está demostrando en Cataluña que es el único partido presente en el Parlamento Catalán que sigue defendiendo la legalidad constitucional y los derechos de todos los españoles en dicha comunidad autónoma. Ojalá todos los demás hicieran lo mismo. Pero parece prevalecer el deseo de destruir lo logrado en más de treinta años y de acabar con una convivencia en paz, prosperidad y libertad. Lo que tiene que prevalecer es la libertad del individuo, no un estado sin ley a merced de políticos irresponsables que sólo se interesan por crear realidades ajenas a la voluntad popular y que nada aportan a la vida en sociedad y en libertad. Foto: El Congreso aplaude la aprobación de la Constitución.
Sería deseable que el próximo aniversario suponga una reconducción de la situación actual y que se pueda celebrar el aniversario de la Constitución sin interrogantes ni mal sabor de boca. La Constitución de 1978 ofrece muchas oportunidades nunca aprovechadas. Intentemos hacer un uso responsable de ellas en lugar de destruirla con demagogia populista, nacionalista y pseudoprogre.
¡Viva España!
¡Viva el Rey!
