juicios sin causa

Me preocupa que sienten  jueces en el banquillo a quienes hablaron de cómo conseguir que se acabe de asesinar por el mucho irredentismo  instalado en las mentes de ETA.  Este caso se sustanció en inadmisión judicial, aunque continúo preocupado  por las mentes de los acusadores. ¿Hablar de evitar el crimen? – Siempre.  Mi seria preocupación  continúa  al leer cómo se pretende  multar, inhabilitar y encarcelar  a dos periodistas, que verazmente  publicaron  los nombres de quienes  usaron torticeramente la afiliación en el PP de Villaviciosa de Odón  para quedarse con el poder y los solares del poder. Parecería que se pretende encarcelar la democracia  tras un auto judicial. Con la venia.  Sólo a la ciudadanía  hay que servir, incluida la propia ley, que tiene sentido en cuanto garante de los derechos de ciudadanía.  La ley se dicta  para garantizarlos. Es incomprensible  la pretensión de sentar en el banquillo e incluso privar de libertad a quienes por la palabra buscan paz.  Hace tres años hubo quienes  denunciaron a quien fue Lehendakari , a quien ahora lo es y a un destacado militante socialista vasco de hablar con personas,  que se declaraban representantes de una formación política, a la que le estaba prohibido por ley presentar candidaturas en elecciones democráticas. En el transcurso de una tregua de ETA,  dirigentes políticos vascos del  PNV y del PSOE con HB hablan de la posibilidad de dejar la lucha armada, que distingue a la terrorista banda. Sobre el principio que la ley se ha dictado para garantizar los derechos humanos y ninguna condición más necesaria que la paz para poder  ejercerlos, hablar de la necesidad de acabar con el asesinato jamás puede ser causa de delito.  Así lo ha entendido el Tribunal Supremo.  Espero que actúe del mismo modo el Supremo, respecto al caso de los periodistas de la Cadena Ser. Por  sentencia,  no firme y evidentemente ya recurrida,  dos periodistas han sido condenados a cárcel, inhabilitados para el ejercicio de su función de informadores y a sustanciosas multas por haber denunciado a quienes,  con irregularidades,  pretendían conculcar la justicia de la política. La acción fue cierta y el objetivo  se consiguió. Sin embargo, aun reconociendo el auto judicial la veracidad de la información,  los susodichos periodistas están incursos en una causa penal.  Es un derecho fundamental  conocer la verdad de los hechos,  por eso tenemos derecho a la información veraz. El periodismo colabora de manera importante al ejercicio de tal derecho.   Nunca, por tanto,  debieron ser juzgados por causa penal  Daniel Aido y Rodolfo Irago, quienes  hicieron posible el conocimiento de la realidad de lo acaecido entre afiliados del PP en Villaviciosa de Odón. No es que sea desproporcionada la pena, es que no debiera haberse sustanciado por ello pleito alguno.